El 7 de mayo de 2011, menos de dos meses después de que un derrumbe bloqueara el túnel de Somosierra de la línea de tren entre Madrid, Aranda y Burgos, el Adif anunció que ya tenía un estudio preliminar para conocer el estado del interior de la galería. El siguiente paso, según aseguró por aquel entonces el organismo público, era evaluar las inversiones necesarias para reparar la infraestructura.

Once años después, también otro 7 de mayo pero de 2022, el Adif adjudicó un nuevo estudio para conocer -otra vez- el estado del túnel. Entre estos dos hitos, que curiosamente han tenido a la misma compañía -Icyfsa Ingeniería- como encargada, se han sucedido muchas promesas de todos los colores políticos, pero sin fructificar ninguna de ellas.

La ya de por sí malograda línea 102 Madrid-Aranda-Burgos había sido maltratada durante los últimos compases de su vida útil por parte del Estado. La falta de mantenimiento provocó varios descarrilamientos de trenes de pasajeros que motivaron la supresión de este servicio desde 2010. Un año más tarde, el incidente dentro del túnel terminó de sentenciar una infraestructura fundamental para Burgos pero especialmente delicada para Aranda de Duero y su polígono industrial.

Desde entonces no ha habido rastro alguno de partida presupuestaria consignada dentro de los Presupuestos Generales del Estado para su rehabilitación. En noviembre del año pasado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que se invertirían 11 millones para sacar la bateadora. Nunca más se supo de esa cantidad, a todas luces una -nueva- cortina de humo por parte de los Ejecutivos. 

En el Proyecto de Ley de cuentas para el año que viene, en cambio, figuran 4,8 millones a lo largo de dos anualidades para lo que se supone que será la tarea de retirada de la máquina en cuestión. El último de los estudios encargados a Icyfsa Ingeniería, que debería haber estado terminado en septiembre, se alargará hasta marzo. La firma del contrato, que se adjudicó en mayo, tardó en producirse 4 meses, el mismo tiempo que tenía de plazo para realizar el informe. Además, Transportes ha concedido una prórroga de 2 meses extra al encontrarse dentro del túnel una especie protegida de murciélagos no contemplada en un primer momento. De forma paralela, tampoco hay noticias sobre el análisis de viabilidad para la reapertura de la línea que anunció también Sánchez en noviembre. Este periódico supo, a través de la diputada del PSOE Esther Peña, que sería una encomienda a la ingeniería pública Ineco y no un encargo externalizado la fórmula para llevarlo a cabo.

En las cuentas para 2023 figuran, entre las partidas de Burgos,Segovia y Madrid, consignas de 100.000 euros de 2023 a 2026 para dicho encargo. Teniendo en cuenta esta distribución, el Ministerio de Transportes no se habría puesto este 2022 a trabajar en la elaboración de este documento, a pesar de que fue anunciado hace ahora casi un año a bombo y platillo. Se estima que el coste que podría suponer rehabilitar esta estructura varía entre los 180 y los 400 millones de euros si se quiere electrificar.

Abandono. La línea Madrid-Aranda-Burgos es utilizada por un convoy que transporta bobinas de acero que se elaboran en Prado Marina. La infraestructura cuenta con un enorme potencial para el movimiento de mercancías tanto hacia el norte como hacia la capital de España. Así lo han reiterado en numerosas ocasiones los empresarios, los operadores ferroviarios o la Autoridad Portuaria de Bilbao entre otros.

Entre las -muchas- ventajas que supondrían la reactivación de este ramal norte del Corredor Central destaca la reducción de cerca de un centenar de kilómetros sobre el recorrido actual. Tener que rodear por Venta de Baños y Valladolid para llegar a Madrid supone un incremento de gastos notable.