Los intentos de la Junta para convencer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de la necesidad de imponer un confinamiento domiciliario en la capital burgalesa resultaron baldíos. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Franciso Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reclamaron ayer al Gobierno poder disponer del instrumento que permita aplicar esta medida en el plazo de una semana o 10 días (si las cifras no mejoran), pero Illa rechazó la propuesta y pidió tiempo para comprobar si las restricciones ya adoptadas en las últimas semanas, así como las anunciadas ayer, ayudan a frenar el avance de la pandemia.
La Junta forzó esta reunión de urgencia para evaluar «las posibilidades» que hay para decretar con garantías legales el encierro en casa de la población; algo que Igea y Casado recomendaron por la mañana y que defiende como única manera de «dar respuesta de forma contundente» a la situación epidemiológica de Burgos. Y sobre todo de su capital, donde las incidencias acumuladas de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes son muy altas: 1.627 en el período de 14 días y 903 en el de 7.
Este último dato fue el que motivó que la Junta anunciara la prohibición de las reuniones de más de tres personas no convivientes «en cualquier ámbito» (algo que se puede hacer sin modificaciones del estado de alarma y que, según relató el alcalde,Daniel de la Rosa, al término del encuentro, el ministerio considera positivo). Aesta medida se añade «un rastreo masivo» como el que se va a hacer este fin de semana en Aranda y para el que ayer todavía se buscaban enfermeros voluntarios. Se trata de un cribado a gran escala con test de antígenos de segunda generación, unas pruebas rápidas que confirman o descartan un positivo en SARS-CoV-2 en media hora (la PCRrequiere de un mínimo de 4). La ventaja de este cribado es que permite aislar con celeridad a los infectados, pero es difícil de organizar. De hecho, en lo relativo a Burgos ayer no se aclaró ni cuándo, ni cómo; tampoco si se hará en barrios concretos, en algunos centros de salud o sobre toda la población que no tenga constancia de haber pasado ya la covid-19.
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