El pasado 31 de marzo el Ayuntamiento de León dio luz verde a una ordenanza cuyo objetivo es la prevención y erradicación de la prostitución y que prevé multas hasta de  3.000 euros para los puteros que accedan a las mujeres en la calle. Lo hizo por una mayoría ajustada en la que el PP y Ciudadanos se abstuvieron y dio lugar a un debate sobre una actividad que es considerada como una de las peores violencias contra las mujeres y uno de los principales objetivos de la trata de personas en el mundo.  Se calcula que en España son unas 350.000 las mujeres que están sometidas a este comercio, el 80% de las cuales son extranjeras en situación de migración irregular, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La prostitución como tal no está regulada en España sino que habita una suerte de limbo legal. Hasta 1995 el Código Penal penaba la tercería locativa, es decir, a quienes ofrecían un espacio (hoteles, bares, pisos) donde se ejerciera, pero el Gobierno lo despenalizó y desde entonces, quienes hacen negocio con ella (proxenetas) no tienen que rendir cuentas ante la ley. Tampoco lo han hecho nunca quienes pagan por tener sexo con una mujer (puteros), que es donde ha puesto uno de los focos la ordenanza leonesa, siguiendo así los pasos de otras ciudades como Sevilla o Valencia. 

Los partidos políticos tienen diferentes posturas ante la prostitución. El PSOE, por ejemplo, ha puesto el asunto sobre la mesa en esta legislatura a nivel nacional con una proposición de ley de base abolicionista presentada en junio del año pasado para endurecer la persecución a los proxenetas que incluía multas a los puteros. Fue apoyada por el PP y por Unidas Podemos, aunque dentro de este partido hay posturas muy desiguales, de tal manera que los siete diputados de En Comú Podem, se opusieron; en contra también votaron ERC y la CUP y se abstuvieron EH Bildu, PNV y Vox.

¿Y qué ocurre a nivel local? En el momento en el que se están dando los últimos retoques a los programas electorales hemos querido sondear la opinión de los partidos con representación municipal, que mayoritariamente consideran la prostitución una lacra social que se proponen, unos, combatir, y otros estudiar. El alcalde, Daniel de la Rosa, candidato a repetir mandato por el PSOE, explicó que su programa incluye una ordenanza en contra de esta práctica y de la trata de fines sexuales, en colaboración con los colectivos que trabajan en este ámbito, teniendo la normativa de Sevilla como «primera y posible referencia» y en la línea abolicionista de su partido: «La prostitución y la trata para la explotación sexual de mujeres son las manifestaciones más crueles y violentas de la desigualdad. Ambas son parte de la misma estructura de dominación y violencia que tiene su origen en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres: el racismo, la feminización de la pobreza y el aumento de la demanda de mujeres y niñas para ser prostituidas».

Por su parte, Cristina Ayala, candidata del Partido Popular, dijo que su voluntad «es ir tomando medidas legislativas hacia el abolicionismo, partiendo de la base de que la trata con fines de explotación sexual es la razón por la que más del 80% de las mujeres están en prostitución». En cuanto a las multas a los puteros, dice no verlo claro «porque sigue habiendo mujeres que ejercen la prostitución libremente y eso me parece que es algo que no se va a erradicar nunca y porque hay legislación en otros países que no ha funcionado». Le preocupa también a Ayala la generalización del fenómeno según el cual hay chicas jóvenes «captadas a través de redes sociales, que mantienen relaciones con alguien anónimo que les piden fotos subidas de tono para después chantajearlas con favores sexuales». 

Protección a las víctimas. Margarita Arroyo, cabeza de lista de Podemos-IU-Alianza Verde, expresó su firme compromiso abolicionista contra la prostitución: «Somos abolicionistas y las multas a los puteros incluidas en la ordenanza de León ya las propusimos en el Ayuntamiento. Estas sanciones a los proxenetas y puteros deben estar combinadas con protección absoluta a las mujeres víctimas de prostitución para evitar que les pueda perjudicar. También hay que invertir en educación y habría que hacer campañas para que los hombres también sean cómplices de nuestra lucha y vean a los puteros como los vemos nosotras: violadores de chequera».

Por su parte, desde Vox no avanzan cómo sería su postura si se llega a plantear en el Ayuntamiento de Burgos alguna medida contra la prostitución, pero su candidato a la Alcaldía, Fernando Martínez Acitores, afirma que considera que la prostitución es una «explotación de la mujer» que le provoca «tristeza» y que no desea «ningún tipo de legalización ni de regularización» de esta práctica: «Para pronunciarnos si aquí se trae una ordenanza deberíamos conocer su contenido y tener claro si el Ayuntamiento podría tener competencias».

Finalmente, Ciudadanos, que actualmente cogobierna la ciudad, es el único partido que considera la prostitución un trabajo. Su cabeza de lista, Rosario Pérez Pardo, respondió al requerimiento de este periódico con cinco folios del programa de su partido donde se critica la «criminalización del trabajo sexual», se llama «moralista» a la proposición del PSOE y se afirma que «el trabajo sexual es una realidad y que negarla solo va a llevar a más desprotección a aquellos que lo ejercen»: «Estaremos siempre enfrente de medidas que tienen como objeto la reducción de la libertad de las personas, desempoderar a las mujeres y que, además, tienen efectos perniciosos en la salud, bienestar y derechos de las y los trabajadores sexuales». Pérez Pardo no respondió si, por tanto, considera que la prostitución debe tener un epígrafe en la Seguridad Social, que el servicio público de empleo ofrezca plazas de esta actividad o que cuente con módulos de formación, cotización y prestaciones.    

Si se llega a aprobar una ordenanza contra la prostitución, no sería la primera vez que el Ayuntamiento pone su atención sobre este asunto. En 2019 llevó a cabo una campaña informativa -financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que contó con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos- que ponía el foco en los puteros. La Concejalía de Igualdad de entonces compartía la postura abolicionista y la publicidad que encargó fue muy directa: «¿Tú también eres cómplice?», se preguntaba en los carteles sobre las imágenes de hombres jóvenes.

En Burgos existen alrededor de 500 mujeres prostituidas, según las Adoratrices, colectivo que les presta apoyo de todo tipo. La mayoría son extranjeras, pero hay un pequeño porcentaje de españolas «muy jóvenes y muy dañadas», según afirmó la orden, que añadió que cada vez están más ocultas en pisos y menos en clubes, lo que hace que el problema se invisibilice. Con respecto a los puteros no hay un perfil: «Todos los varones son potenciales consumidores de prostitución. A mayor distorsión de la educación afectivo-sexual que tengan más posibilidades hay de que lo sean y esto tiene que ver, sobre todo, con las nuevas generaciones que tienen la pornografía al alcance de la mano».

La plataforma abolicionista pide ser tenida en cuenta
En el año 2021 cinco asociaciones feministas (Sinergia Feminista, Colectivo 8 de Marzo, Iniciativa Feminista, La Rueda e Hypatia) conformaron en Burgos la Plataforma por la Abolición de la Prostitución. Su objetivo fundacional era doble: hacer divulgación e instar a las instituciones a implicarse «en una lucha en la que generalmente se han puesto de perfil». Esta entidad se propone declarar a Burgos como una ciudad por la abolición de la prostitución, «pero que esto no se quede solo en un tratado de buenas intenciones sino que se articulen medidas concretas», dice una portavoz.

Piden a los partidos, en primer lugar, que se lean la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOAPS) que se presentó a nivel estatal por parte del movimiento abolicionista y, a partir de su contenido, «que elaboren una ordenanza clara con medidas concretas para terminar con el sistema prostitucional, sancionando a los puteros y promoviendo una buena educación afectivo-sexual que se dirija a contrarrestar la transmisión de la violencia contra las mujeres que promueve el porno».

Para ello -añaden- es necesario conocer cómo funciona el sistema prostitucional en Burgos «donde no encontramos prostitución de calle como en otras ciudades, pero sí en pisos y locales, por lo que es necesario articular medidas claras, contundentes y normativas eficaces teniéndolo en cuenta». Además, quieren ser partícipes de esta elaboración junto a quienes «trabajan en el día a día en el apoyo a las mujeres prostituidas y luchan por la abolición de la prostitución».

Esta plataforma se puso en contacto hace un tiempo con todos los grupos políticos con representación municipal para darles a conocer la LOAPS, informarles «y ver cauces de colaboración para hacer de Burgos una ciudad libre de prostitución». Solo Unidas Podemos les dio una respuesta.