Se trata de una tarea titánica, con pocos visos de que pueda generar algún beneficio -y sí muchos dolores de cabeza-, pero el Ayuntamiento de Buniel no está dispuesto a tirar la toalla. Desde hace casi 17 años todo aquel que circula por la A-62 se topa, antes o después de las curvas que circunvalan este municipio, con un enorme fantasma de hormigón, tejas y escombros. Los restos de la urbanización Ciudad Jardín Soto del Real llevan acompañando a los vecinos y a los transeúntes desde el verano de 2008 sin que no se haya avanzado absolutamente nada. Es más, la degradación del entorno ha ido cada día a peor, con toneladas de basura acumuladas en calles por las que deberían transitar niños y mayores.
«Si se quiere hacer algo se tiene que hacer ya, aunque no tenemos ni idea de qué», reconoce honestamente el alcalde de Buniel, Jesús Díez. Aunque es un reto mayúsculo, hay empresas que han llamado a la puerta del Ayuntamiento para solicitar informes urbanísticos para conocer y estudiar la situación de este enclave. Una vez culminada la elaboración de los presupuestos para este año, el regidor ha empezado con una tarea casi igual de ardua que cuadrar los ingresos y los gastos: intentar sentar a la mesa a las 8 sociedades que tienen terrenos en el fallido complejo residencial -además del Consistorio-. En los próximos días empezarán a notificar a todos los propietarios. El concurso de acreedores y la posterior liquidación de los activos de Martinsa-Fadesa ha derivado en que la decena de parcelas proyectadas tengan una multitud de dueños con características muy similares: empresas del sector inmobiliario que compran y venden activos por todo el territorio nacional.
«Queremos ver las intenciones que tienen cada uno. Estamos al final de la vida útil de las estructuras que hay en pie, que no van a aguantar mucho más si no se actúa rápido», explica el alcalde. Con la salida de la constructora de la cartera de dueños, una vez que a finales de enero vendió todo su patrimonio en Buniel a la firma de abogados castellonense Fortuño Gil, las miradas de Díez se vuelven al resto de sociedades. «El camino para desbloquear la situación es finalizar lo que se empezó. A partir de ahí... lo que se quiera», indica. Contactar con fondos buitre que no tienen web, con un domicilio social un tanto confuso y que no responden ni a los correos electrónicos ni a las llamadas -en el caso de tener teléfono- es un reto. «Ha habido mucho movimiento de parcelas. Se han transferido de unas sociedades a otras desde que arrancó el concurso», explica.
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