Ofrecen horas extras para tramitar las solicitudes de terrazas

J.M. / Burgos
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Ante la imposibilidad de realizar el trabajo en la jornada laboral con el personal existente, Licencias propone este incentivo económico tanto a los empleados del servicio como a los de otras áreas municipales

Los negocios deben solicitar la autorización de la terraza antes del 12 de noviembre. - Foto: Alberto Rodrigo

Más allá del «inexplicable», según la terminología del propio equipo de Gobierno, error jurídico que obligará a modificar la ordenanza de terrazas de manera inminente, la otra gran preocupación en el Ejecutivo municipal es la insuficiencia de medios humanos en el Servicio de Licencias para poder tramitar los centenares de expedientes que se esperan recibir antes del próximo 12 de noviembre, fecha tope para que los negocios de hostelería soliciten renovar la autorización para poder sacar las mesas y sillas a la calle.

Ante esta situación, tal y como detalla el concejal de Licencias, Ignacio Peña, la solución más viable que se ha encontrado pasa por ofrecer a los trabajadores de esta área que realicen horas extraordinarias para poder sacar adelante un trabajo que se reconoce que es imposible realizar dentro de la jornada laboral. Una oferta, añade el edil, que se hace extensiva a los empleados de otros servicios municipales dispuestos a echar una mano y, como no puede ser de otra manera, ser recompensados económicamente por ello.

En las últimas semanas, en las que ya se había asumido que la falta de personal impide la tramitación de tantos expedientes, en el Ejecutivo municipal se había barajado la posibilidad de que pedir ayuda al Colegio de Aparejadores. Eso sí, finalmente esa opción se descartó, ya que desde el punto de vista jurídico existían dudas de que pudieran realizar este trabajo. Y no solo eso, se pensó también que lejos de aliviar la situación podría generarse un problema si su criterio no fuera coincidente con el que marca el Ayuntamiento y, concretamente, el servicio de Licencias.

La modificación de la ordenanza que se plantea contempla, además de corregir el error jurídico en relación al silencio administrativo (para que se establezca que es negativo), ampliar de tres a seis meses el plazo que se da el Ayuntamiento a sí mismo para responder a las solicitudes.

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