La lacra del acoso escolar siempre ha estado ahí. En los últimos años se han dado pasos de gigante en su prevención y detección, si bien aún queda un largo camino por recorrer que se recuerda a la sociedad cada vez que, lamentablemente, salen a la luz pública casos dramáticos como el supuesto suicido de una joven en Gijón conocido recientemente. Tanto el profesorado como las familias reclaman más medios y recursos para poder atajarlo cuanto antes, mientras que el primer colectivo alerta también del peligro que supone el uso del móvil en edades ya muy tempranas. Todo ello desde un escenario caracterizado por la sensibilización e implicación docente que existe en la actualidad y que permite actuar con mayor diligencia para que determinados conflictos entre alumnos se corten de raíz y no se extiendan en el tiempo deviniendo en problemas graves.
En este último aspecto inciden responsables educativos de centros públicos y concertados consultados por este periódico, quienes subrayan que esa concienciación permite reducir a «mínimos» los casos confirmados de bullying. Es más, desde un colegio público se asegura que «ante cualquier sospecha» se activa el protocolo de actuación que recoge la Junta en una Orden de 2017 y que sirve de base para adaptarlo al reglamento de régimen interior del que dispone cada centro, principalmente en lo que a las sanciones se refiere. De hecho, son varios los equipos directivos que se muestran especialmente molestos ante insinuaciones del tipo 'mirar para otro lado' o sentirse «señalados»: «Se está perdiendo el prestigio y la autoridad del profesor al ponerse en tela de juicio todo que decimos».
La situación actual. Buena parte del trabajo que desarrolla el colectivo profesional en torno a la convivencia se traduce en que los centros burgaleses presentan un alto índice de incidencias (el 74% el curso pasado según el informe de la Consejería de Educación del curso 2021-22) que quedan puntualmente registradas y de las que más tarde se da parte a las familias. Sin embargo, esto no significa que existan más casos confirmados de bullying, sino más bien lo contrario. Los últimos datos de la Fiscalía de Menores revelan que se suelen recibir unos 15 casos, terminando la mayoría en acuerdos prejudiciales.
Todo esto hace que Burgos se considere un territorio 'tranquilo' en comparación con otras provincias, sin los centros transmitan a la Administración o los sindicatos situaciones de «extrema gravedad», lo que no significa que el problema no exista y que haya que seguir trabajando. «Siempre ha habido, aunque la realidad de este momento no tiene nada que ver con la de antes», comentan desde un centro público de Secundaria, que reconoce que «no puede saberse todo lo que ocurre», principalmente porque hay situaciones que se producen fuera de las dotaciones educativas. Son varios los profesionales que apuntan a la «complejidad» de esa detección, ya que cuando existe la certeza los protocolos «funcionan». «Se piensa que desde el aula se puede ver todo y se ven muchas cosas, pero otras se nos escapan», subraya el equipo directivo de un colegio concertado, además de que «los alumnos no van a actuar delante de un adulto».
Las herramientas. Bien es cierto que también alaban la eficacia de algunas de las herramientas que existen en la actualidad. Una de ellas son los llamados sociogramas, que consisten en cuestionarios que se pasan dos veces al curso y permiten obtener una radiografía bastante fiable de la personalidad de los escolares, revelando información de gran valor sobre aquellos más prosociales o menos o sobre cómo se sienten y cómo ven al otro. Charlas para explicar en qué consiste el bullying, hojas de reflexión, buzones de convivencia o prácticas restaurativas, que permiten avanzar en la resolución de conflictos desde una estrategia reeducativa en la que el supuesto acosador « reconoce el daño y es capaz de cambiar su comportamiento».
(El análisis completo, los protocolos y la opinión de todos los expertos, en la edición impresa o aquí)