El Arzobispado de Burgos tiene en su poder desde hace un mes los informes de vulnerabilidad económica de cada una de las 15 mujeres que permanecen desde hace casi 4 meses atrincheradas en el convento de Belorado. Con esa documentación y ya finalizado agosto -inhábil judicialmente-, puede iniciar en cualquier momento el procedimiento judicial de desahucio, que en principio afectaría solo a las 10 religiosas ya excomulgadas, mientras que las otras 5, «ancianas muy dependientes», se siguen considerando monjas clarisas porque no han secundado el cisma y por lo tanto están en su casa.

La trabajadora social del CEAS de Belorado pudo acceder sin ningún obstáculo al monasterio burgalés, una vez comunicada la actuación, y entrevistarse individualmente con cada una de las mujeres allí residentes, lo que no han logrado los responsables de la Diócesis en todos estos meses.

Ellos tienen asumido que el conflicto está condenado a resolverse en los tribunales, dado que no se ha abierto ninguna vía de diálogo entre la exabadesa, Laura García de Viedma, y el arzobispo Mario Iceta y la comisión gestora, que siempre que tienen ocasión reiteran «la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo», como expresaban en uno de los comunicados (...).

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