Cuando aún no se han acabado los truenos por la declaración de la ministra portavoz, Pilar Alegría a cerca de que el Gobierno no presentará los Presupuestos Generales del Estado si no cuenta con la garantía de que se los van a aprobar, "para no hacer perder el tiempo al Congreso", llega la vicepresidenta  primera, María Jesús Montero, pone en cuestión el derecho a la presunción de inocencia y ahí encuentra a todo el mundo judicial recriminándole que se ha cargado uno de los pilares del Estado de Derecho, y no ha pasado esa borrasca cuando se desata otra, esta vez instada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre los chiringuitos universitarios y ahí están los liberales  que protestan contra el ataque a la libertad de empresa y la libertad de cátedra.

De la tormenta de Pilar Alegría ya se ha hablado suficiente para señalar el error de apreciación de la ministra de Educación con el menoscabo de la vida parlamentaria y su vulneración constitucional. La desatada por María Jesús Montero tiene la misma enjundia porque ha provocado la reacción en contrario de todos los estamentos judiciales y por supuesto de la oposición que ha encontrado un nuevo motivo para castigar al Ejecutivo por las declaraciones de una ministra lenguaraz, que luego ha rectificado a su forma. Ambas ministras no han pensado en las consecuencias de lo que dicen y que han podido decirlo de otra manera menos insultante para la inteligencia de los ciudadanos. Lo de Pilar Alegría no tiene pase y lo de Montero es tan burdo que nadie quisiera tenerla como abogada defensora, pese a la nobleza de su causa en defensa de las víctimas de la violencia de género.   

La borrasca que acaba de llegar es la de las Universidades, dada la proliferación de centros de estudios superiores privados en comparación con los públicos porque no se ha creado ninguno en los últimos decenios, mientras que las privadas han crecido como hongos, sobre todo en las comunidades autónomas gobernada por el PP.  Parece innecesario relacionar ideología y privatización de la Universidad, porque las autorizaciones para las nuevas en esas regiones van acompañadas del descenso de la financiación de las universidades públicas. Lleva razón Pedro Sánchez cuando afirma que algunas de ellas son verdaderos "chiringuitos universitarios" en los que la investigación brilla por su ausencia, y la facilidad para obtener un grado universitario está más que reconocida por los propios egresados de esas universidades.

Si la educación es el principal motor del ascensor social, lo que ocurre en las universidades es la demostración de que está gripado, que quienes cursan estudios en las universidades públicas tiene menos posibilidades de obtener un empleo a los pocos años de haber salido de ellas que los que se han graduado en las privadas.  Más que a los conocimientos adquiridos, al mérito y capacidad, quizá se deba a la endogamia que caracteriza el acceso al mercado laboral en determinados sectores en los que es más eficaz un buen padrino que unas buenas notas.

El endurecimiento de las condiciones para crear nuevas universidades anunciado por el Gobierno ha sido denostado por Feijóo y Ayuso.  La respuesta de Pilar Alegría en esta ocasión ha sido adecuada: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas, esto va de universidades buenas contra universidades malas". Amén