Un centro de educación especial que se ha vuelto esencial

A.B. / Miranda
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El aumento de alumnos con discapacidad en Miranda de Ebro ha generado una saturación en la Unidad del CEIP La Charca que ya afecta al desarrollo de los niños. Las familias piden una escuela específica para tener «los mismos derechos» que el resto

Iván Ontoria, Conchi y Ángel, Ana y Ana María, padres de Adrián, Lucas, Markel y David, respectivamente, urgen un centro de educación especial en Miranda para atender a sus hijos. - Foto: A.B.

Resulta difícil imaginar que un hijo, la persona a la que más se quiere en el mundo, se vea obligado a acudir a una pequeña escuela en la que el vestíbulo actúa de comedor, una cortina separa la sala de fisioterapia de una zona de juegos, la enfermera no tiene ni un mero habitáculo donde trabajar, el aseo es minúsculo, en el patio ni siquiera hay columpios o, incluso, se superan los ratios de alumnos por clase. Resulta difícil de imaginar para muchos, pero en Miranda hay familias que no se lo tienen que imaginar, porque lo viven en sus carnes. Los estudiantes de la Unidad de Educación Especial del CEIP La Charca soportan unas instalaciones y recursos paupérrimos, que se han sobrecargado con el aumento de matriculaciones. Y sus padres han dicho basta, porque piden «no más que el resto, solo tener los mismos derechos», y para ello demandan la creación de un colegio específico.

Ana María Gheorghe, la madre de David, un niño con una atrofia del nervio óptico bilateral, ha conocido la evolución de las instalaciones y describe que «donde cabían cinco niños, ahora hay 16», a los que suma otro que acude puntualmente y seis más que van al IES Montes Obarenes aunque pertenecen a esta unidad. La saturación de la Unidad afecta seriamente a la atención que recibe su hijo, pues el colegio no cuenta ni con una sala para que el personal de la ONCE pueda atenderle «cuando en otros sitios sí la tienen». En la capital de la provincia, sin ir más lejos. Precisamente, explica que la única 'solución' que le han dado pasa por «dejar a David en Burgos de lunes a viernes, como en un internado», algo que para ella, como para cualquier madre, «es horrible».

La falta de espacio tiene un impacto directo sobre el aprendizaje, como explican Conchi Silva y Ángel Ruiz, los padres de Lucas, un pequeño con síndrome de Angelman. Según dicen, «una de las cosas que más molesta es que algunos tienen capacidad de aprender a diferente ritmo, pero no se les puede agrupar en función de sus características» y eso merma su evolución, pues, por ejemplo, «si un niño está con otros que no hablan» resulta muy difícil que mejore su comunicación al sufrir el mazazo de la «desmotivación». Pero las carencias de las instalaciones van más allá, llegan a lo más básico. Ana Alonso, la madre de Markel, comenta que para niños como su hijo, que padece síndrome de Dravet, «es fundamental trabajar la motricidad», aunque con «un patio diminuto» eso se alza como una auténtica quimera.

Ahora bien, en realidad el problema no solo afecta al espacio o el mobiliario, sino a todos los recursos. Ana María recuerda que desde que su hijo entró a este colegio no ha «visto la inclusión por ningún lado y no la hay porque falta personal». Bien lo saben Iván Ontoria y Natalia García, cuyo hijo, Adrián, antes disponía de «una persona que tenía prácticamente dedicación absoluta» para él mientras se encontraba en un centro ordinario. Sin embargo, con el paso del tiempo esa figura se diluyó, después no tuvieron mucha suerte con otros profesionales y el niño, al que se le ha diagnosticado autismo, entró el curso pasado en una espiral de «inestabilidad» con el vaivén constante de docentes hasta que le dieron «un ultimátum» para abandonar aquel colegio e ir a la paupérrima Unidad Especial o «reducir a la mitad el tiempo de escolarización».

Eligieron la primera opción y al hacerlo encontraron lo mismo que el resto, un mero «barracón» cuyo «comedor no pasaría ni una inspección de sanidad». Con ello, Iván se pregunta si «la decisión» de no crear una escuela apropiada se debe a «intereses políticos». Y es que no debe ser un motivo presupuestario, ya que, como dice, «un centro de educación especial puede costar 400.000 euros, se gasta más en los taxis que hay para los políticos de Castilla y León»

Esos representantes regionales, precisamente, son los que han colmado la paciencia de las familias tras su última negativa en las Cortes a esta petición, amparándose en que la ley insta a incluir a todos los niños en centros ordinarios. Conchi, con un claro hartazgo, cree que «no se puede decir que no sin conocer la situación y en un despacho a cientos de kilómetros». Por eso invita «a los que dicen que no es necesario un colegio a que estén una semana y vean la lucha que hay cada día», aunque Ana opina que la realidad es tan dantesca que «no hace falta ni una semana, bastaría con una mañana».