La palabra se viene colando en la conversación pública de la comunidad autónoma y de esta provincia, al menos, desde el año pasado. Las enormes listas de espera hospitalarias para acceder a una intervención quirúrgica o a una consulta externa en los hospitales obligaron en 2022 a la Consejería de Sanidad a aprobar -tras un acuerdo con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad- las denominadas coloquialmente peonadas, es decir, los alargamientos de jornada para que el personal sanitario viera y operara pacientes por las tardes y se redujera, así, el tiempo de demora. Esta autoconcertación, como se le llama en el lenguaje administrativo (cada centro se concierta consigo mismo, se viene a decir), supone un coste significativo que sale de las arcas públicas -9 millones fue la partida anunciada por la Junta-, por lo que se suele utilizar puntualmente y con cuidado.

Y probablemente no habrá existido desde el inicio del sistema sanitario tal y como le conocemos -entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado- un momento en el que esta forma extraordinaria de trabajo haya tenido mayor justificación. La práctica paralización de los quirófanos como consecuencia de la pandemia sumada a la falta de profesionales que atenazaba ya a la sanidad burgalesa desde antes de marzo de 2020 crearon la tormenta perfecta.  Así que las peonadas -que son voluntarias- se pusieron en marcha a 450 euros cada tarde para el personal médico,  a 300 para las enfermeras, a 110 para las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería y a 90 para los celadores. La gerente del HUBU, Ana Lucía Eroles, anunciaba en estas páginas el domingo pasado que existe presupuesto para seguir con la autoconcertación hasta finales de año y reconocía que si bien ha supuesto un cierto alivio de la presión en la lista quirúrgica no se están viendo los mismos resultados en las consultas externas.

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