Cuatro años después de dejar el despacho en el Ministerio de Trabajo, Octavio Granado ha vuelto a la actualidad con un estudio presentado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que aboga por aplicar en España lo que ya están haciendo otros socios europeos: compaginar la baja laboral con el trabajo a tiempo parcial (en los casos en los que se pueda hacer). La propuesta, relanzada por la ministra Elma Saiz como globo sonda, ha generado un debate nacional en un momento en el que la proliferación de las incapacidades temporales (IT)amenaza con desbordar los gastos de la Seguridad Social. 

El trabajo del exsecretario de Estado de la Seguridad Social en los gobiernos de Zapatero y Sánchez parte de una realidad que pone en jaque la sostenibilidad del sistema público: en 5 años el gasto en IT por enfermedad común crece un 91,6%, casi el triple que el de las pensiones contributivas. Son 6.000 millones extra a la factura, originados porque el gasto medio por trabajador protegido de baja ha saltado de los 720 a los 1.256 euros en muy poco tiempo. «Estamos ante una subida exponencial y puede llegar un momento en que el gasto en bajas sume más que en pensiones», advierte el burgalés, que ya impulsó una reforma del sistema de pensiones en 2011 que generó similar polvareda política. 

Es más, el político socialista no duda en reconocer que detrás de este alza desbocada hay muchos abusos. La ITha convertido la excusa de la salud (o de la falta de ella) en una prestación refugio «ideal» para no trabajar, para resolver problemas personales, laborales o familiares que nada tienen que ver con el médico. Se utiliza para sortear despidos, pues una baja siempre mantiene en el empleo (al menos hasta que los altos tribunales lo han cuestionado). También se usa como alivio para los gastos de personal para empresarios en apuros.

La pandemia parece haber debilitado el estado de salud de los trabajadores. A ello se suma el progresivo aumento de su edad media  y del riesgo de padecer unas patologías que no han dejado de crecer, intensificando el amplio abanico de las 'algias' (musculoesqueléticas), las psicológicas y el estrés. 

Hay un tercer factor: «Vivimos en un mercado laboral tensionado y muchos trabajadores saben que la empresa tiene un problema mayor si les despide que si les mantiene, lo que les anima a ejercer los derechos de manera 'más intensa': no van a trabajar cuando están enfermos y tampoco si no les apetece...».

La normativa sobre las bajas laborales arrastra más de cinco décadas de antigüedad y siempre ha chocado con cualquier intento de reforma política. «Es un melón que nadie quiere abrir...». Así, se rige por una fórmula inflexible que implica que si se está enfermo no se trabaja sí o sí. 

La solución a la enorme cantidad de gasto que genera esta situación, reflexiona, está en disminuir prestaciones («ahorrando gastos de un plumazo»)o buscar fórmulas flexibles que permitan compaginar bajas y trabajo. «Para implantar la IT flexible es necesaria la colaboración del sistema sanitario, que es el que debe determinar en qué enfermedades y en qué profesiones se puede compaginar el proceso de recuperación con el trabajo a tiempo parcial». 

Granado está convencido de que son muchos los casos y muchos los trabajadores que estarían dispuestos a afrontar esta transición entre la enfermedad y el pleno empleo. «Es lo mismo que los futbolistas, que no juegan los 90 minutos de un partido nada más salir de una lesión...».

No hay que inventar nada nuevo, en Europa ya se está aplicando esta fórmula con las bajas laborales. «En caso de bajas muy prolongadas por un proceso tumoral o una operación quirúrgica, aplican una entrada paulatina al trabajo, lo que supone una reducción de jornada de acuerdo a la situación del trabajador». 

Las IT flexibles, añade, suponen mejoras para el trabajador, menos gastos para el sistema y menos conflictividad en los tribunales. El debate abierto debe reconducirse al diálogo social, a la negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno. «Es necesario un acuerdo global».