Tres años de trámites para volver al punto de partida. Así puede resumirse la implantación de la Zona de Bajas Emisones (ZBE) a la que está obligada la ciudad para cumplir con la Ley de Cambio Climático. Su regulación se gestó en el mandato anterior (PSOE y Cs) y el concurso para colocar los elementos para su delimitación, adjudicado a Etralux por 3,5 millones fue anulado por los tribunales a finales de 2022, tras un recurso presentado por el PP, al no estar sustentado en una ordenanza reguladora.
El nuevo equipo al frente del Ayuntamiento (PP y Vox) decidió hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero a pesar de estar en riesgo 2,6 millones de fondos europeos vinculados a este proyecto (todavía lo están). Elaboró una ordenanza reguladora con menos calles afectadas y volvió a convocar un concurso para su implantación por el mismo importe a pesar de reducir los 58 puntos de control a 31 y la instalación de 61 cámaras de lectura de matrícula de vehículos a 36.
A la licitación se presentaron las mismas empresas que lo hicieron en 2022, Etralux y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) pero tras las reuniones de la mesa de contratación la primera ha logrado la mejor puntuación, de modo que previsiblemente se adjudicará de nuevo el concurso. Ello podría ser beneficioso para el Ayuntamiento, dado que todavía no ha resuelto el anterior y la empresa podría pedir daños y perjuicios por no haberlo ejecutado y que ahora se mitigarían con el nuevo contrato.
Etralux logró una puntuación de 98,5 frente a los 50,14 de Sice. La primera adelantó a la segunda en la plataforma de software y despliegue, en el equipamiento ofertado, la propuesta de movilidad integradas en la zona de bajas emisiones y en la ejecución. También ofertó dos aparcabicis seguros para bicicletas mientras que su rival no ofertó ninguno y cuatro años más de garantía. También fue mejor su oferta económica, 2.892.957 euros (sin IVA) frente a los 2.919.354 de la otra oferta. El precio base de licitación era de 2.934.024 euros (sin IVA y 3.550.169 con IVA).
Una vez que se adjudique el contrato y se firme el acta de replanteo, la empresa tiene un plazo de 8 meses para instalar todos los elementos y que comience a funcionar. De este modo, no se podrá llegar a tiempo para que 'Burgos central' esté funcionando el 1 de enero de 2025, lo que obligará al equipo de Gobierno a pedir otra prórroga al Estado para no perder los fondos europeos. Esta sería la segunda que se pide tras no poder funcionar en enero de 2024 por el varapalo judicial.