Tras la pista de los nuevos 'cacos'

A.B. / Miranda
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La Policía Nacional de Miranda pone «todos los medios» para combatir los delitos tecnológicos, que generan «investigaciones complicadas» y requieren la colaboración de entes como la Europol

Todas las investigaciones de delitos tecnológicos sufridos en Miranda arrancan en la Comisaría local, aunque algunas se derivan a la sede general de la Policía Judicial. - Foto: A.B.

La tecnología avanza a pasos agigantados y, con ello, la ciudadanía disfruta de innumerables comodidades. Pero también de algunos quebraderos de cabeza. En ese listado se encuentra el peligro de las estafas, robos o incluso usurpaciones de identidad en internet, unos delitos que están al alza en Miranda. Y es que, según los datos del Ministerio del Interior, la cifra total de casos de este tipo aumentó entre 2022 y 2023 un 30%, hasta rozar los 300 sucesos, lo que supone prácticamente el doble que hace un lustro. Eso sí, los vecinos de la ciudad del Ebro saben donde pueden acudir ante estas situaciones: a la Comisaría de la Policía Nacional, un lugar en el que ponen «a disposición todos los medios» existentes para combatir este tipo de crímenes.

Así lo explica uno de los subinspectores del Cuerpo en Miranda, quien reconoce en conversación con Diario de Burgos que las actuaciones ante los delitos digitales «son investigaciones complicadas y laboriosas, que no siempre tienen éxito, pero no es por falta de intentarlo». Según relata un oficial de la Comisaría local que antes investigaba en Madrid específicamente esta forma de delincuencia, «el delito es el mismo» en cualquier municipio porque «la característica que tiene actuar en internet es que el límite territorial ya es algo teórico, porque la víctima y el autor pueden estar localizados en cualquier parte», a lo que su superior añade que «eso dificulta mucho la investigación porque si el autor está fuera de España entran problemas de legislación y existe la necesidad de colaboración internacional, sobre todo a través de organizaciones como Europol o Interpol, pero es un hándicap más».

Antes de llegar a ese extremo existen muchos pasos previos. El subinspector comenta que, al margen de suplantaciones de identidad, los delitos digitales más habituales en Miranda son las estafas o cargos bancarios fraudulentos y, en esos casos, resulta vital que el denunciante «en la medida de lo posible aporte un extracto detallado de los movimientos, porque eso facilita la investigación y permite rastrear el dinero» para lo cual tiran de «todos los flecos» posibles. En este sentido, describe que «por ejemplo, si el perjudicado dice que se ha originado el cargo en determinada página, se pregunta a esa página, se rastrean las IP de los autores, el rastro del dinero o las titularidades de cuentas». 

Es decir, el objetivo de toda la investigación siempre se centra en «intentar llegar a la última persona» de la cadena, que «es la que ha iniciado el proceso», y «a veces es fácil, pero otras no, porque hay muchas capas intermedias». A estas palabras del subinspector, el oficial añade que en España se cuenta con una herramienta muy poderosa para facilitar esa labor. En concreto, describe que «la legislación permite que como Policía Judicial se solicite información a empresas y mercantiles para saber qué ha ocurrido», algo esencial porque apunta que las pesquisas se realizan «sobre todo» a través de esos datos que les «van remitiendo» y con los que se dan los «pasos para trazar el camino que ha seguido, por ejemplo, el dinero desde que ha habido una estafa, hasta dar con la persona, grupo u organización criminal que hay detrás».

Los propios agentes, oficiales y subinspectores de la Comisaría de Miranda están formados para atender este tipo de casos. De hecho, todas las investigaciones tras las denuncias de los vecinos de la ciudad del Ebro arrancan en esta sede. Eso sí, la colaboración entre centros de la Policía Nacional es constante porque, como recuerda el subinspector, «el Cuerpo está implantado en toda España» y «si son cosas que superan la capacidad técnica que existe aquí, está la Comisaría General de Policía Judicial con técnicos especialistas en estos extremos». Asimismo, su subordinado recuerda que la gestión de las investigaciones también «depende mucho del delito». El oficial declara que existen ciertos crímenes digitales «que por su gravedad, como la pornografía infantil o algunos medios de pago, o cuando afectan a varios territorios, lo llevan unidades concretas de la Comisaría General de Policía Judicial».

«La clave está en desconfiar»

La evolución acelerada de los delitos tecnológicos obliga a que los propios policías nacionales estén reciclándose constantemente para combatirlos. Ahora bien, aparte de esto, el subinspector de la Comisaría de Miranda considera que «también es muy importante informar al ciudadano sobre la prevención». En este sentido, explica que «la investigación es muy necesaria, pero hay que recalcar el tema de la prevención, porque igual que nos formamos nosotros para intentar anticiparnos y conocer nuevas conductas, es bueno que el ciudadano lo sepa para que esté atento».

El oficial de la Policía mirandesa que estuvo plenamente implicado en el área de delitos tecnológicos en Madrid considera que las mejores recomendaciones que puede recibir la población son dos: «sentido común y desconfiar». Es más, opina que para esquivar los problemas en internet «la clave está en desconfiar y prevenir sabiendo que los malos actúan de formas muy diferentes, porque ahora pueden hacernos un daño directamente desde la pantalla de un móvil o un ordenador».

El ejemplo más claro se encuentra en aquellos casos en los que un delincuente, haciéndose pasar por un ser querido, contacta con un ciudadano para reclamarle una gran cantidad de dinero. El oficial apunta que, «desde un primer momento» esa situación debe poner a la persona en jaque y recuerda que, sencillamente, «a veces basta con buscar en Google ese tipo de casos para ver si hay afectados o contactar por otro medio con ese familiar». En este sentido, el subinspector añade que «hay un consejo muy interesante». Se trata de que «toda la familia tenga una clave» compartida. Una especie de contraseña que «debe aportarse» al entablar una conversación y, si el otro interlocutor no la conoce, «ya sabes que no lo es».

Además, recuerda que muchas estafas surgen tras comprar en páginas web. Sobre ello, el subinspector recomienda cumplir con acciones tan simples como emplear portales «seguros y con el protocolo HTTP, revisar en Google los casos anteriores, desconfiar de las ofertas extremadamente baratas porque suelen ser fraudes y no facilitar nunca documentación personal, como fotografías del DNI». En definitiva, sentencia que cualquier consejo vuelve al inicial: «todo es desconfiar, porque nadie entraría a una tienda que no le diera confianza y en internet tiene que ser lo mismo».