El juez José Luis Calama ha procesado por terrorismo al hombre de 74 años detenido en Miranda de Ebro el pasado mes de enero. El jubilado residente en la ciudad supuestamente envío seis cartas con explosivos, en noviembre pasado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

En su auto, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que si bien no hay indicios de que pertenezca a un grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en la Embajada de Ucrania -donde hubo un herido-) y los destinatarios de sus acciones, evidencian que está "presente el objetivo de alterar la paz pública".

Calama entiende que con esos envíos transmitió "el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".

El magistrado detalla todos los indicios que sitúan al investigado, actualmente en libertad provisional, como autor del envío de los explosivos, entre ellos el registro en su casa, donde se hallaron varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos explosivos.

También fueron encontrados diferentes tornillos junto con muelles similares al "percutor" que se utilizó en los artefactos incendiarios; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración.

Otra de las pruebas señala que en los diferentes vestigios de ADN encontrados en los artefactos aparece un mismo perfil genético correspondiente a un varón. Durante la investigación, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre Pompeyo González, lo que permitió recoger una bolsa de residuos en un contendor cercano a su domicilio y que fue analizada en la Comisaría General de Policía Científica. El resultado fue que el ADN coincidía "con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos", señala el auto.