La mayoría de las obras impulsadas por el Ayuntamiento de Aranda de Duero han terminado con un coste superior al que se estableció en la adjudicación. Sucedió con la remodelación de la avenida Castilla, también con la reforma de la cercana glorieta Rosales o de un tramo de la avenida Portugal, en el polígono industrial Allendeduero. Y ha ocurrido algo similar con otros proyectos más recientes como el arreglo integral de la piscina cubierta, que encara la recta final y apenas faltan mínimos remates; con el puente Bigar, cuya reapertura se espera como agua de mayo después de casi un cerrado al tráfico rodado, o con los Jardines de don Diego, cuya reforma prosigue al ritmo marcado tras haber tenido que modificar el diseño original.
En total, el sobrecoste para las arcas municipales supera los dos millones de euros. El modificado que ha tenido un importe más elevado hasta la fecha ha sido el de la piscina cubierta, que asciende a 500.000 euros. Se trata de uno de los proyectos que el actual equipo de gobierno 'heredó' del anterior y en el que ha resultado necesario acometer cambios porque las láminas impermeabilizantes de esta instalación se hallaban en mal estado y además se requería separar los vasos para cumplir con la normativa, entre otras cuestiones.
Le sigue la avenida Castilla, cuya mejora, que se recepcionó el verano pasado, se había adjudicado en 2021 por 1,9 millones de euros pero hubo que añadir otra partida de 315.000 euros. Algo similar a lo que ocurrió con la avenida Portugal, a la que en un principio se destinaron 478.340 euros, pero luego se sumaron 200.000 euros más por diversos imprevistos.
En el caso de la rehabilitación integral de los Jardines de don Diego, otro de los proyectos que el equipo de gobierno se ha encontrado en marcha, se ha efectuado un primer modificado por unos 60.000 euros ante el riesgo de afectar a las bodegas subterráneas que hay en la zona y después, en abril, se anunció un segundo por un coste cercano a 168.000 euros debido a «errores e imprecisiones» y «desajustes entre planos y mediciones», como indicó la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás. Tampoco el puente Bigar se ha librado de los modificados. De hecho, la aprobación de los cambios ha dilatado los plazos para disgusto de los vecinos. Pues bien, la cuantía del primero rondó los 35.000 euros y la del segundo, tal como figura en la resolución firmada el 23 de mayo y publicada en la Plataforma de Contratación, ha sido de 15.880 euros. A ello se suman los 50.237 euros que costó a mayores la reforma de la glorieta Rosales o 30.000 euros más para remodelar la ermita de San Isidro.
Ahora bien, una de las mayores patatas calientes para el Ayuntamiento arandino es el Centro de Arte Joven. Aunque no es un sobrecoste como tal, el equipo de gobierno ha incluido una partida de 700.000 euros en el Presupuesto ya que este edificio, que se inauguró en 2022, permanece cerrado. Apareció una grieta y se descubrió que el tejado de madera está infestado de carcoma, lo que hace que sea inutilizable para el público por razones de seguridad. Por si fuera poco, falta por concretar el importe que deberá desembolsar el Consistorio en la reforma de la Casa de los Maestros al no estar bien diseñado el proyecto original.
«No se afina». El abogado Jesús P. López, que asesora tanto a administraciones públicas como a empresas, subraya que es «tremendamente frecuente» que haya modificación de costes en obras públicas de todo el país. Calcula que ocurre en un 70% de los casos. Según explica, en los pliegos de contratación «se omiten determinadas circunstancias, bien por desconocimiento, porque no se preveía o porque los estudios para detallar las obras no se habían hecho con suficiente profundidad». En otros se debe a circunstancias sobrevenidas. Por ejemplo, se 'abre' una calle y hay tuberías rotas. Sea como fuere, admite que «a veces no se afina hasta el punto que se debiera en determinadas obras. Por mucho que los pliegos sean extensos, hay cosas que se pasan y se tienen que hacer y, por tanto, conllevan ese sobrecoste». Por otra parte, López remarca que «hay una dificultad importante de preveerlo todo». Así, cree que sería «muy conveniente» que la Administración aplique buenas prácticas de gestión de proyectos como hace el sector privado.