Archivada la denuncia por la cesión de El Plantío

I.E.
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El Juzgado de Instrucción nº1 abrió diligencias previas para investigar la implicación del alcalde, Daniel de la Rosa, y del resto del equipo de Gobierno en una causa de presunta prevaricación que finalmente no ha llegado a ningún sitio

Vista general del estadio El Plantío. - Foto: Jesús J. Matías

El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, en una resolución que ha confirmado la Audiencia Provincial, ha archivado la denuncia que presentó el presidente del Real Burgos, Juan Antonio Gallego, por la cesión en precario al Burgos CF del Estadio Municipal del Plantío, una decisión que tomó la Junta de Gobierno local en el mes de julio de 2019. La titular del órgano abrió diligencias previas para investigar la implicación del alcalde, Daniel de la Rosa, y al resto del equipo de Gobierno en una causa de presunta prevaricación que finalmente no ha llegado a ningún sitio.

El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso este periódico, recuerda que el acuerdo de la Junta de Gobierno se adoptó tras un informe jurídico del Servicio de Deportes «sobre la utilización del estadio por el Burgos CF de forma provisional y hasta tanto no se resuelva el procedimiento de autorización o concesión definitiva a quien proceda». 

Entiende el tribunal que «no concurren en la adopción del acuerdo los requisitos para su tipificación como delito de prevaricación, es decir que la resolución sea contraria a Derecho o que carezca de justificación alguna mediante interpretaciones que tengan cabida en el ordenamiento jurídico, teniendo además carácter provisional». Añade que la decisión se basó en un informe técnico «cuyas conclusiones pueden ser o no compartidas por el denunciante pero que son perfectamente sostenibles en Derecho, por lo que el acuerdo de 4 de julio de 2019 no puede tildarse de manifiestamente arbitrario, notariamente injusto a sabiendas de ilegalidad».

Tanto el juzgado como el tribunal provincial remiten al denunciante a la jurisdicción contencioso administrativa para «dilucidar sus pretensiones»,  una jurisdicción «con una función de control que no puede ser reemplazada por el orden penal».