La jurisdicción penal fue, probablemente, la más damnificada de los paros y las huelgas celebradas el pasado año. Si ya de por sí los tres órganos encargados de este tipo de asuntos arrastraba un atasco considerable desde la pandemia, las protestas de letrados de la administración de justicia y de los funcionarios ha generado una situación que los magistrados tratan de contener sin ayuda. Porque el Consejo General del Poder Judicial se escuda en el clásico argumentario para no reforzarlos: en otras provincias están peor. Mientras, los justiciables y las víctimas tienen que esperar aproximadamente un año para verse las caras en los tribunales.

Según la información facilitada por el Ministerio de Justicia, los juzgados penales de Reyes Católicos están señalando ya para febrero de 2025. Teniendo en cuenta la carga de trabajo que soportan a día de hoy estos órganos, parece evidente que la agenda se va a completar a un ritmo vertiginoso. Porque el pasado ejercicio comenzó con un total de 847 asuntos en trámite. Al terminarlo, había 1.163, a una media de unos 400 por cada uno de las tres unidades.

Que las huelgas y parones tienen buena culpa de este retraso es evidente, porque se recibieron y resolvieron menos asuntos. Esto deja a los juzgados penales con una tasa de congestión cercana al 20%, la más elevada de toda la provincia de Burgos, según la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial. También son los que acumulan mayor porcentaje de procedimientos pendientes.

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