Ni siquiera el ritmo adquirido sobre el terreno a lo largo del verano alivia la realidad del único tramo en construcción de la futura A-12. Las obras avanzan, sobre todo, en la parte riojana del trazado de 14,4 kilómetros que conectará Santo Domingo de la Calzada con Villamayor del Río. Sin embargo, el retraso acumulado sobre el plazo inicial previsto ya es de 19 meses y las previsiones apuntan a una demora que se extenderá seguro durante todo el año 2025 y que amenaza con prolongarse aún más. 

Han pasado cinco años desde que se adjudicara la construcción de este segmento en un proceso que hoy está bajo sospecha de corrupción. A lo largo de este lustro se han certificado un total de 63,72 millones de euros de los 93 que prevé invertir el Gobierno para la plataforma que unirá algún día Logroño y Burgos y dejará atrás la N-120 de una vez por todas. Es decir, aún queda un tercio de la inversión por ejecutar.

Esta es la información confirmada por el Ministerio de Transportes en una respuesta parlamentaria a los senadores del PP Javier Lacalle, Salvador de Foronda y Raquel González para conocer la situación de una A-12 que todavía busca un horizonte real para definir cuándo circularán los primeros vehículos en territorio burgalés. En otra consulta realizada en primavera, Transportes evitó definir un marco temporal.

Este tramo, de gran carga simbólica porque será el primero en recorrer suelo burgalés, aún tiene mucha tarea por realizar bajo la sombra de la corrupción, ya que su adjudicación forma parte del llamado 'Caso Koldo'. Cabe recordar que el constructor José Ruz, investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por el posible pago de comisiones en la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Fomento y Transportes, habría pagado 70.000 euros al comisionista de la trama -quien ingresó en prisión el pasado 10 de octubre- para asumir los trabajos con la UTE formada para la ocasión.

Las obras avanzan ajenas a la investigación y ya superaron la ralentización sufrida después de la aprobación del modificado solicitado en junio de 2022 alegando falta de préstamos -sobre todo tierra y cal- para inyectar en los numerosos terraplenes, desmontes, rellenos o estabilizar la plataforma. Este hecho supuso un incremento tanto del periodo de ejecución (hasta finales de 2025) como del montante a pagar por la ejecución (hasta 93 millones).

Los 63,72 millones  certificados a lo largo de estos cinco ejercicios comprenden de los 2,38 millones de 2020 a los 9,43 acumulados hasta el momento este año, lejos de los 23,52 millones de euros de 2023 y de los 19,58 millones de 2022. En 2021 se ejecutaron 8,81 millones de euros, según los datos compartidos y publicados por el Ministerio de Transportes.

Los Presupuestos Generales del Estado del 2023 -para este curso se encuentran prorrogados- ya dejan entrever que la construcción se irá, al menos, hasta finales de 2025. Y es que para este tramo el Ministerio reservó partida económica tanto para este 2024 (30,4 millones) como para el ejercicio siguiente (19,1 millones). Por lo tanto, la cuestión económica no será un problema para la continuación de los trabajos en el futuro próximo.

Tramo de Ibeas. Mientras el trazado en construcción acumula meses de retraso, otro segmento de la A-12 aguarda novedades en las próximas semanas después de que el ministro Óscar Puente se comprometiera a sacar a información pública antes de que finalice el año la actualización del proyecto del tramo Burgos-Ibeas con el objetivo de las máquinas comiencen a trabajar en 2025.