El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha dado por finalizadas las diligencias de investigación sobre el atropello mortal ocurrido en diciembre de 2023 en el Nudo Landa. Unas pesquisas que permitieron concluir que fue un camionero portugués el que arrolló a la víctima, un hombre de 38 años, y que no se detuvo para atenderle, lo que provocó que al menos otros dos vehículos le golpearan. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que representa a los padres del fallecido, consideran que incurrió en un delito de abandono del lugar y reclaman hasta seis meses de prisión e indemnizaciones por valor de 50.000 euros. 

El relato de las acusaciones arranca sobre las 3 de la madrugada del 16 de diciembre de 2023. H.S.A., avilesino de 38 años, regresaba hacia su casa en Villariezo desde el centro de la ciudad. Lo hizo por la vía de servicio paralela a la circunvalación. Las cámaras de una gasolinera grabaron el instante en el que pasaba cerca de los surtidores antes de desviarse hacia la autovía, a la altura del Nudo Landa. Tras caminar por la A-1 durante unos metros, P.J.S.O., que cubría un trayecto hacia Madrid en un camión, se lo llevó por delante a la altura del kilómetro 234. 

Todo parece indicar que circulaba a una velocidad adecuada y que era imposible evitar la colisión con la víctima, que caminaba por un lugar prohibido y en un momento de muy baja visibilidad. Sin embargo, consideran que el impacto lo tuvo que notar y que esa fue la razón que le hizo detenerse unos kilómetros más adelante para inspeccionar. Sin embargo, según señaló durante su declaración ante la jueza, en ese momento no advirtió ni sangre ni nada anómalo porque sólo revisó los bajos. Las posteriores pruebas policiales recabadas dejaron claro que había una serie de desperfectos compatibles con el atropello de una persona.

Al respecto, las calificaciones concluyen que P.J.S.O. tuvo que ver al peatón y, pese a ello, no detuvo el camión. De hecho, días más tarde e inmediatamente después de regresar del mencionado viaje, presentó la baja voluntaria de la empresa de transporte. 

Es por eso que le consideran responsable un delito de abandono del lugar del accidente previsto en el artículo 382 bis. El Ministerio Público reclama cuatro meses y 15 días de prisión, un año y nueve meses de privación del permiso de conducir y el pago de una indemnización de 30.000 euros a los padres de H.S.A. por el daño moral causado derivado del desmembramiento y desestructuración del cadáver por los atropellos posteriores a la muerte. 

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de cárcel a los seis meses, así como una indemnización de 50.000 euros a los progenitores. Será un juzgado de lo penal el que se encargue de procesar al transportista.