La instalación de una caldera de biomasa en el antiguo Hospital Militar, que se remonta a 2021, se ha topado con un problema legal que impide tanto a su promotora, la Universidad de Burgos, como a la entidad pública encargada de acometer las obras (Somacyl) avanzar en el proyecto y, por tanto, licitar los trabajos que preveían iniciarse durante el segundo trimestre de este ejercicio. De esta forma, se paraliza una actuación que la institución académica valora como  «totalmente necesaria» debido a que el actual sistema de calefacción carece de la suficiente potencia para abastecer a todos los edificios ubicados en este complejo, ya sean docentes o dependientes de la Consejería de Sanidad, como el centro de salud de Las Huelgas.

La vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, Amparo Bernal, explica una situación que detectaron los servicios jurídicos de la UBU cuanto se encontraban revisando el convenio que iba a firmarse con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente. Esta tiene que ver con un cambio normativo de 2021 que afectaba a una ley anterior, la 2/2006 del 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León. Dicha modificación, según explica Bernal, supone que la Universidad «deja de ser considerada como entidad del sector público dependiente de la Comunidad» y no puede contratar el abastecimiento de energía fruto de esa red de calor con Somacyl, como sí que ocurría previamente y así lo hicieron otros campus públicos de la región a la hora de mejorar sus instalaciones energéticas.

El problema se trasladó a la entidad pública, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que a su vez, tal y como expone Bernal, ha reconocido que dichos cambios «cierran la vía a las universidades para realizar encargos». Preguntado por esta circunstancia, fuentes del departamento regional se pronuncian en un sentido similar al tiempo que admiten la paralización de la actuación. «Dado que finalmente el proyecto está previsto que pueda atender tanto a la UBU como a varios edificios de la Junta de Castilla y León ubicados en el recinto, se está estudiando el encaje jurídico para que Somacyl pueda llevarlo a cabo en este formato multiusuario», explican.

A falta de encontrar ese encaje legal que permita retomar la actuación, la red de calor del Hospital Militar figura en el borrador de presupuestos para 2025 del Gobierno autonómico presentado la semana pasadas con una partida de un millón de euros. Cabe recordar en este punto que antes de que se detectara dicha traba, en febrero de 2023, el coste de este proyecto se había incrementado hasta los 1,4 millones de euros, según manifestó a este periódico la Consejería de Medio Ambiente. El motivo pasaba por un incremento de la potencia inicialmente prevista al incluirse un edificio más del recinto, el pabellón número 3, cerrado desde hace décadas y en el que la Junta aglutinará tras su reforma las sedes de la Gerencia de Servicios Sociales repartidas por la capital.  

Este inmueble se sumará así a los contemplados en la intervención primigenia, que son las facultades de Ciencias de la Salud y Humanidades y Comunicación, diversos aularios y el centro de salud. A estos, según Bernal, podrán agregarse en el futuro más edificios en caso de que sean recuperados, como por ejemplo los dos históricos que dan al paseo de Comendadores y que están en el foco de la institución docente para que puedan convertirse en la sede de los futuros estudios de Medicina. 

Bernal recuerda que la calefacción del complejo, así como su mantenimiento, depende de la Universidad, tal y como se acordó en 2013 cuando la Junta cedió a la academia 40.000 metros del complejo. Por ello, es la que tendrá que asumir el coste de la red de calor, si bien el acuerdo alcanzado entre las partes contempla que sea Somacyl la que adelante la inversión y la UBU pague una cuota anual durante 20 años que permita cubrir dicho montante.