El largo periplo administrativo y judicial que se desarrolla desde hace años en torno a la plaza de toros de Aranda de Duero sigue su trámite, aunque con una dilación de plazos que hace eterna su resolución. Casi nueve meses después del último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ratificando una sentencia de hace más de año y medio, el Ayuntamiento mueve ficha para cumplir con el mandato judicial.

El proceso pasa ahora por comprobar si las obras ejecutadas en el edificio se ajustan a las licencias otorgadas por la administración local, para lo que era preciso que llevase a cabo una inspección técnica, que tuvo que haberse realizado en 2014 y no se hizo. Siguiendo este mandato del TSJCyL, la visita técnica se realizó a principios de octubre pero, de momento, se desconoce el resultado de los informes.
El relativo a las obras podría estar listo esta semana, pero el escollo está en el relativo a la seguridad. Un análisis técnico que recae en la Jefatura de Bomberos, que ahora mismo está vacante por baja médica. Por eso, para no dilatar más los plazos, se ha tomado la decisión de contratar a una empresa externa para poder tener el informe de seguridad de las instalaciones lo antes posible. «No se puede seguir sin el informe de seguridad. A la vista de que el jefe de Bomberos sigue de baja se está hablando con una empresa especializada en estos temas para subcontratar este informe. El contrato estará a finales de año y el informe tardará dos o tres semanas», especifica el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, los plazos que se manejan ahora en el Consistorio para poder tener una idea clara de la situación, a la vez que se da cumplimiento a la sentencia.

La circunstancia de que este trabajo técnico vaya a tener un coste inferior a los 3.000 euros facilita que la contratación se puede hacer de manera directa, por lo que se acortan mucho los plazos administrativos para la licitación de un trabajo de estas características, que de ser de mayor importe tendría que pasar por un concurso público de contratación, lo que ampliaría hasta los dos meses el proceso. De ahí que el equipo de gobierno arandino confíe en tener una visión completa de la situación real del coso taurino y de los pasos a dar para legalizar la situación (...).

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