El Procurador del Común, Tomás Quintana (el defensor del Pueblo en Castilla y León) acaba de emitir una resolución en la que pide que «se proceda a iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial con el fin de verificar si hubiera existido una vulneración de la lex artis o un error de diagnóstico en la asistencia prestada [en el HUBU]» a una persona a la que, durante más de cinco meses, le trataron como lumbalgia y «síndrome ansioso» lo que en realidad era un cáncer, que se detectó en un estadio avanzado y ya muy extendido.
Quintana explica en su resolución que la institución a la que representa carece de «conocimientos médicos para valorar en todos sus extremos» la atención recibida en la queja que ha motivado la petición de investigación sobre la responsabilidad del hospital ante un posible error, pero sí hace consideraciones que van mucho más allá de las habituales peticiones de medidas eficientes para atajar las listas de espera u otras cuestiones que garanticen el derecho a la salud de los ciudadanos.
Los hechos estudiados se refieren a una persona atendida en junio del 2022 en el HUBU, a causa de un ictus. Tras el alta, seguía en seguimiento por Neurología y el centro de salud Los Comuneros, a cuyas consultas acudió en diversas ocasiones en los meses siguientes por dolor lumbar, pérdida de peso y hormigueos en la mano, así como ansiedad. Al mismo tiempo, la paciente acudió cinco veces en cinco meses a Urgencias, tanto a las ambulatorias -en el Divino Valles- como a las del HUBU.
Ante la variedad de síntomas referidos en cada visita los diagnósticos fueron: crisis de ansiedad (septiembre del 2022); lumbalgia (con prescripción de analgésicos y seguimiento en Primaria, en diciembre del 2022); hormigueo en la mano derecha (en febrero del 2023, tras consulta interna con Neurología para el dictamen); «síndrome ansioso» (en marzo del 2023, tras referir ansiedad y mareo la vieron psiquiatras de guardia y, de nuevo, urgenciólogos); segundo ictus (en abril del 2023, cuando acude por pérdida de fuerza y sensibilidad en el lado derecho del cuerpo). En ese momento, mediados de abril, para confirmar la sospecha de ictus, se solicitó un escáner (TAC), que evidenció que tenía «neoplasia con metástasis». Quedó a cargo de Medicina Interna, donde se corroboró el diagnóstico de adenocarcinoma (un tipo de cáncer frecuente) en fase cuatro y extendido.
El defensor del pueblo castellano y leonés especifica todas las decisiones adoptadas en cada una de las visitas que esta persona hizo a los servicios médicos, tanto a la consulta de enfermería y medicina de Los Comuneros, como al PAC de Primaria y a las Urgencias del HUBU. Y, aunque coincide con Sacyl en que este servicio debería dedicarse a «solventar situaciones de urgencia que puedan poner en riesgo la salud o la vida de los pacientes, o en que «las urgencias hospitalarias se han convertido en una puerta de entrada rápida al sistema sanitario, dando lugar a una gran sobrecarga asistencial», Quintana es tajante al asegurar que «en este supuesto, y a la vista del diagnóstico final de la interesada, las visitas a este servicio [las Urgencias del HUBU] estaban totalmente justificadas».
De ahí que concluya que en este proceso diagnóstico «debería investigarse la forma en la que se ha prestado la asistencia y las circunstancias que concurrieron en la misma, dado que la paciente se vio abocada a una sucesión de visitas a Urgencias y a Primaria -cuya actuación también afea- y a un diagnóstico de especial gravedad». Todo ello, dice, debería «considerarse» para valorar si «ha habido posible responsabilidad patrimonial en que la Administración sanitaria haya podido incurrir».