El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que los únicos miembros de la banda terrorista ETA que están en su país son aquellos que llegaron porque Felipe González y Carlos Andrés Pérez los llevaron (tras un acuerdo firmado entre ambos a finales de la década de los 80) y señaló que si hubiera otros buscados por la Interpol, el deber de su Gobierno sería encontrarlos.
«Si hay alguien requerido por la Justicia, nuestra obligación es buscarlo. No nos dejemos llevar por las especulaciones de que vieron a no se quién en el centro comercial -en referencia al etarra De Juana Chaos- ¿Quién lo vio? ¿Cuándo lo vio? ¿Dónde están las pruebas?», ironizó. En este sentido, añadió, que estas informaciones «forman parte de conjeturas de campaña».
En unas declaraciones a su programa televisivo semanal En contacto con Maduro, el líder bolivariano manifestó así su deseo de que España logre avanzar en un «acuerdo de paz».
Además, Maduro reivindicó que, cuanto peor se hable de la revolución bolivariana fuera de las fronteras de Venezuela, más se pondrá de moda en Europa. «No lo digo yo, lo dice Felipe González», concluyó.
AYUDA DE LA INTERPOL. El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió a mediados de mayo a la Interpol que certifique si tiene constancia de que De Juana Chaos está en Venezuela. La solicitud se hizo un día después de que un canal nacional difundiera unas imágenes, supuestamente tomadas el 11 de mayo pasado en un centro comercial del estado de Anzoátegui, al este de Caracas, en las que se ve a una persona que se presume es el terrorista con su familia.
«Tenga la seguridad España que nosotros respetamos las leyes internacionales. Tenemos que conservar el clima de respeto entre Gobiernos, pero que cada quien resuelva su problema», concluyó el presidente venezolano.
De Juana Chaos, uno de los miembros históricos del comando Madrid, con el que cometió una veintena de asesinatos en los 80, salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre por la que tuvo que ser ingresado en un hospital, trasladándose a vivir a Irlanda y permaneciendo, desde entonces, en paradero desconocido.
Por otra parte, la Fiscalía pidió ayer penas de entre seis meses y ocho años de cárcel para los presuntos miembros de la red de extorsión de ETA que operaba en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), en el que en 2006 se produjo un chivatazo policial que desbarató la operación que dirigía el juez Fernando Grande-Marlaska.