Reivindicar su papel en ámbitos asistenciales, en la educación y también en las administraciones públicas, poner en valor la colegiación para dignificar la formación y, sobre todo, visibilizar una profesión que no se ha valorado en su justa medida por la ciudadanía. Estos son, principalmente, los objetivos que se ha propuesto la nueva directiva del Colegio de Trabajo Social para los próximos cuatro años. Su presidenta, María Jesús González, será quien encabece esta labor.
González recordó que las trabajadoras sociales, un colectivo históricamente feminizado, han jugado siempre un papel importante en la «defensa de los derechos humanos, la justicia social» y, sobre todo, el «acompañamiento a personas en diferentes procesos de la vida». En este sentido, aseguró que son impulsoras de los recursos personales y «dinamizadoras de la intervención comunitaria».
La nueva presidenta lamentó que a pesar de la importancia del oficio, y por el hecho de que sean principalmente mujeres quienes lo ejerzan, «hemos ido por la sombra, en silencio y sin molestar; trabajando sin ser vistas y sin que apenas se nos haya valorado». Sin embargo, subrayó que las trabajadoras sociales tienen «unos estudios que nos capacitan y somos unas virtuosas en generar alternativas ante la escasez de recursos».
En este sentido, una de las cuestiones que quieren impulsar durante la legislatura es la colegiación de las profesionales del sector (actualmente son 352), pues consideran que pese a que la ley obliga a ello tanto instituciones como las mismas administraciones no tienen esta circunstancia en cuenta a la hora de contratar, lo que a su juicio devalúa la función que hacen. «Queremos que sean, por ejemplo, los ayuntamientos los que exijan este requisito a la hora de contratar. Cuantas más seamos más impacto tendremos y más en valor pondremos el oficio», puntualizó.
Precisamente en cuanto a las administraciones públicas, la nueva junta directiva recordó que a las trabajadoras sociales se las sigue ubicando en el subgrupo de empleados A2, a pesar de que la formación es equivalente a grado, igual que otros sectores como la arquitectura o la abogacía. «Parece que nuestro título valiese menos y no es así. Es exactamente el mismo con el Plan Bolonia», puso en valor la vicepresidenta, Susana Santamaría.
También recordaron que hay determinados sectores, como la educación o la sanidad, en los que no se ha puesto en valor sus funciones, que a día de hoy ejercen, como es el caso de los colegios, orientadores o personas que tienen la carrera de magisterio, pero que no tienen la formación necesaria para responder ante situaciones sociales sobrevenidas. «Esto también nos invisibiliza. Parece que estamos en un limbo. Por ejemplo nos siguen llamando asistentas sociales», recuerdan.
Por último, otro de los objetivos es dignificar empleos precarizados en el llamado tercer sector (asociaciones, ONG's...), pues todavía son muchas las profesionales que son contratadas a media jornada, con acuerdos que dependen de subvenciones.
Junto a González y Santamaría estarán en la junta directiva, María Cruz Ballesteros (secretaria), Victoria Franco (tesorera), Eloísa Quirogas (vocal) e Inmaculada Franco (vocal). Todas agradecieron el trabajo de la antecesora, la presidenta Ana María Fernández.