Después de años en el olvido y cuatro subastas fallidas, existe interés por hacerse con el solar de más de 20.000 metros cuadrados que dejó libre el derribo del Hospital General Yagüe, en el tramo de final de la avenida del Cid. Una promotora ha planteado una oferta ante la Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la Seguridad Social en Madrid, que deberá ser estudiada e informada favorablemente. La idea es que la decisión se tome antes de fin de año, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Por el momento, se desconoce el precio que la riojana Profal XXI, una firma vinculada a la promotora Riodaser que en su día pujó por Artillería, ha realizado por el terreno, aunque como mínimo es el de salida de la última subasta, un total de 3.387.080 euros.

La Tesorería General de la Seguridad Social, su propietaria, lleva intentando deshacerse de este patrimonio desde 2022, pero no lo ha conseguido a pesar de las dos rebajas que ha aplicado. La primera licitación se convocó el 24 de mayo de 2022 por 4.688.000 euros y la segunda el 28 de febrero de 2023 con el mismo importe. En la tercera, celebrada el 14 de noviembre de 2023, se aplicó una reducción del 15% y se fijó en 3.984.000 euros, mientras que en la cuarta, que se llevó a cabo el 23 de mayo de 2024 se volvió a reducir en otro 15%. No hubo suerte y, tras una nueva decepción, se abrían dos escenarios: solicitar una nueva tasación al haber transcurridos dos años desde la fecha de la primera subasta o una adjudicación directa, tal y como recoge el artículo 15.5 del Real Decreto 121/1992, 9 de octubre sobre el patrimonio de la Seguridad Social, una opción que se puede mantener durante un año, es decir hasta el 23 de mayo de 2025 y que consiste en que cualquier interesado puede comprar el terreno por el mismo precio y que es la que se está ahora en marcha.

El derribo del viejo hospital finalizó en 2016 pero se mantuvo el vallado del recinto. - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

Las principales reticencias para hacerse con este terreno no solo han estado el precio del suelo sino en otros costes añadidos asociados a la compra como el de la recogida y tratamiento de los numerosos escombros que quedaron enterrados cuando se tiró el edificio y que la adjudicataria de los trabajos no se llevó, la descontaminación del terreno y la urbanización.

A todo ello se añade que el aprovechamiento no es solo urbanístico sino también dotacional. Todo ello tendría una importante repercusión en precio final de las viviendas libre, dado que las de protección oficial están tasadas. Además de que el comprador también debe adquirir unos 268 metros cuadrados que la familia García Ruiz asegura que son suyos apelando a un litigio que viene de lejos. Al parecer, el Ayuntamiento de Burgos expropió en su día este y otros terrenos aledaños a esta saga (también a la Tesorería de la Seguridad Social) para hacer la calle Padre Aramburu, pero "no se hizo bien", según asegura la familia implicada.

103 viviendas, un 30% VPO. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite la construcción de 103 viviendas (un 30% protección) en cuatro torres de nueve alturas en la zona más próxima a la calle Federico Martínez Varea, un parque de 3.250 metros cuadrados en la zona más pegada a la avenida del Cid y un suelo de 9.000 metros cuadrados para una dotación que se cedería al Ayuntamiento. La actuación urbanística se completaría con 150 plazas de aparcamiento y un nuevo vial para conectar las calles Padre Aramburu y León XIII desde José María de la Puente.

Este desarrollo permitiría coser una zona con muy buena comunicación a las grandes avenidas de la ciudad y a un cuarto de hora andando del centro de la ciudad, que desde el año 2012 empezó a decaer con el traslado de la atención hospitalaria al HUBU como así lo constatan los establecimientos comerciales y de hostelería que todavía quedan en la zona. Tras finalizar el derribo en 2016, el perímetro conservó su vallado y el arbolado.

Tener el solar vacío genera importantes gastos anuales a la Seguridad Social derivados del pago del IBI (25.000 euros) y de la poda de los árboles que hay en el interior (10.000 euros).

La venta del solar obstaculizará cualquier opción del Ayuntamiento sobre el mismo. El PP llevaba en su programa electoral la posible gestión de este suelo, donde tienen 9.000 metros dotacionales.

El organismo estatal sí logró vender la parcela de la calle León XIII por 1.430.551 euros para 33 viviendas, pero el centro de especialidades sigue esperando comprador.