Reducir la morosidad y el fraude fiscal, facilitar y agilizar los pagos  de las operaciones comerciales y digitalizar la gestión de las empresas y de los profesionales. Estos son algunos de los objetivos básicos que persigue la implantación de la factura electrónica entre los 26.400 autónomos y otros tantos miles de pymes que integran, en nuestro caso, el tejido económico burgalés. En teoría, el uso de esta herramienta de gestión digital debía ser obligatorio a partir de 2025 pero, a día de hoy, no existe y nada se sabe del reglamento que debe aprobar el Ministerio de Economía y que, básicamente, desarrollará las leyes Crea y Crece y la de Antifraude.

Esta es la principal duda que embarga y que está generando una «gran confusión» estos días entre todos los sectores y colectivos afectados, interrogantes que está llegando a las patronales de los autónomos, como ATA, o de los empresarios, como FAE. Es más, la respuesta que reciben los muchos interesados es que puede que este proyecto tan trascendente para su día a día, y cuyo arranque se esperaba para julio de 2025, no se lleve a cabo hasta principios, no del próximo año, sino de 2026 y de 2027. Los motivos los sabe el Gobierno...

La aprobación definitiva del reglamento, sobre lo que Economía aún no ha dicho nada, es lo que iniciará los plazos para incorporar la facturación electrónica a todos los negocios, lo que implicará una auténtica revolución en muchos de ellos, pues es el fin de la validez de todas aquellas facturas y de los procedimientos de cobro que se han venido utilizando hasta la fecha.

Es más, la digitalización a la que obliga la Ley implica el incorporar nuevos programas informáticos homologados al funcionamiento de un despacho de abogados, de un taller de reparación de automóviles o al día a día de un profesional de la fontanería o de una cafetería o una tienda de ultramarinos, por citar algunos ejemplos.

De hecho, buena parte de las ayudas europeas que se están tramitando a través del programa Kit Digital (19 millones de euros entre 4.300 pymes hasta el pasado noviembre en Burgos) se están destinando en los últimos meses a instalar aplicaciones informáticas a las pymes y los autónomos que permitan la facturación digital y una operativa directa y automatizada con la Agencia Tributaria.

El cambio afecta a todo el universo de facturas generadas entre empresarios y profesionales, o entre empresas y entidades públicas, así como a las facturas de ventas entre empresarios o consumidores finales.

«Hay que tener en cuenta que la factura electrónica es como una factura en papel, pero que se expide y recibe en un formato electrónico. Esto facilita la autenticidad y la integridad de esa operación, el cruce de datos con Hacienda y el tratamiento automatizado de estos datos», explica Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León,  que aclara que, por ahora, no es una obligación, pues la normativa  anunciada reiteradamente por el Gobierno no existe.

(Artículo completo en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos o aquí)