La Plataforma por el Ferrocarril Directo se ha hartado de promesas incumplidas. Después de años de escuchar cantos de sirena que nunca acaban cumpliéndose, el pasado lunes anunció públicamente la preparación de una demanda contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Es su forma de denunciar desesperadamente y ante los tribunales la paralización y el abandono que sufre el tramo de línea férrea entre Aranda de Duero y Burgos, partiendo de las «actuaciones irregulares» que a su juicio se han acumulado en un «claro incumplimiento de la legislación ferroviaria» desde que el túnel de Somosierra se cayó en 2011.
Para iniciar el procedimiento legal necesitan unos 40.000 euros que ya han empezado a recaudar, pero mientras tanto Jorge Núñez, presidente de la Plataforma, no se cansa de denunciar la inacción de los representantes públicos.
«Noticias como la de la inversión en la autopista ferroviaria de Zaragoza no nos deja bien parados. En el corredor de Aranda y Burgos está más de la mitad de la economía de Castilla y León pero a ellos les da igual, solo quieren apostar por el corredor mediterráneo», lamenta.
Núñez apunta a todas las instituciones, sea cual sea su color. «No hay arrojo en los políticos de Burgos», lamenta mientras asegura que «Esther Peña ahora (PSOE) y antes Jaime Mateu (PP) ni nos contestan, no nos cogen el teléfono».
Reprocha al Gobierno, pero también a la Junta de Castilla y León, «que haya pospuesto su reivindicación de este corredor como prioritario hasta el año 2027» y subraya el contraste con otras regiones «como Aragón, que siempre se ha movido mucho más en defensa del tren mientras aquí nadie hace nada en realidad, reclaman solo lo justo y hacen discursos genéricos.
Además, el presidente de la plataforma advierte de que la inversión en la Directo debería ser muy importante, «porque la normativa europea dice que cualquier línea nueva del ferrocarril debe ser en vía doble y electrificada, así que hablamos del entorno de los 1.000 millones». Y reconoce con resignación: «No nos podemos creer que vayan a invertir eso».