La concejala del PSOE, Sonia Rodríguez, ha comparecido esta mañana ante los medios acompañados de una hemeroteca con informaciones publicadas este verano y en octubre en las que el presidente de Aguas de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, alertaba de que la Sociedad estaba en pérdidas y podía cerrar el ejercicio en números rojos. Sin embargo, al cierre del ejercicio se ha podido comprobar (ayer se dio cuenta de ello en el consejo) de que 2023 terminó con unos beneficios de casi 2,3 millones de euros.

Rodríguez ha criticado al bipartito de haber alertado de las pérdidas de Aguas para justificar de esa manera la subida de la tasa en un 9,5% en este 2024. Sin embargo, ayer, en palabras de la edil socialista, Martínez-Acitores habría negado esa afirmación al explicar que el incremento de la tarifa se justificó en la necesidad urgente de acometer inversiones por el deterioro de las instalaciones.

Pues bien, la concejala del PSOE ha detallado también que ayer se interesaron por las inversiones que se han ejecutado en el año 2023, en el que había varios millones presupuestados, y la respuesta fue que no se había gastado "ni un euro" en este capítulo.

Por otro lado, Rodríguez ha detallado que el gasto de personal en la sociedad se disparó el año pasado en un 15,4% fruto de los incrementos retributivos y de las últimas incorporaciones. En concreto, en 580.000 euros (de 3,7 a 4,3 millones de euros).

La concejala, a la vista de las cuentas de Aguas del ejercicio pasado, ha tildado el tasazo de "excesivo, inoportuno y precipitado" ya ha recordado que en el plan financiero no solo se contempla la subida de la tasa del 9,5% para este año sino también incremento de la tarifa del IPC más el 1,5% entre 2025 y 2028 (ambos incluidos).

La edil ha recriminado que el equipo de Gobierno no quisiera dialogar sobre la subida de la tasa y la impusiera y ha defendido que incluso hubieran secundado un incremento de la tarifa en relación al IPC (del 3,5%) pero no tal y como lo ha planteado el Ejecutivo del PP y Vox, sobre quienes ha recordado que prometieron rebajas fiscales y en apenas siete meses han aprobado ya el "tarifazo".