El 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aún vigente, otorga un plazo de tres años a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para preparar la documentación necesaria con la que solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tanto la autorización de desmantelamiento de una central nuclear como la de transferencia de su empresa propietaria a la pública Enresa. Ese plazo, según el PGRR, es previo a la parada del reactor. En el caso de Zorita, el único precedente de Garoña, su cierre definitivo se conocía tres años antes de la parada del reactor y Enresa pudo planificarlo todo a tiempo, pero en el de Garoña, el cese definitivo fue una sorpresa del Gobierno en agosto de 2017.

En Enresa consideran que las circunstancias de Garoña fueron «atípicas» y ello hizo que hasta mayo de 2020, tres años después, no se presentara ante el CSN toda la documentación necesaria para la solicitud del desmantelamiento y la transferencia. Después, el CSN ha tardado otros tres años en pronunciarse, lo que conlleva que Nuclenor ha soportado la carga de todos los costes de la planta seis años, tres más que Zorita,  y ello equivale a casi 100 millones de euros de desembolso.

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