Aunque Burgos está muy lejos de convertirse en un nido de alojamientos turísticos como lo han hecho las ciudades costeras o las capitales importantes del país, lo cierto es que sólo hace falta echar un ojo a la evolución de los registros de viviendas de uso vacacional en la capital y la provincia para constatar un incremento notable en el último lustro. De las apenas 200 que había justo cuando comenzaban a flexibilizarse las restricciones de la pandemia, se ha pasado a las más de 700 que hay en la actualidad. 

Una sentencia del Tribunal Supremo permitió a muchas comunidades iniciar trámites para blindarse contra esta proliferación, pero la nueva ley de Justicia ha cambiado radicalmente a su favor el escenario. Ahora ya no tienen que modificar los estatutos y gastarse un dinero, sino que todas las nuevas solicitudes tienen que aprobarse por mayoría de las juntas, y los vecinos ya han comenzado a decir que no.

Las maniobras de los edificios para declarar los pisos turísticos 'non gratos' comenzaron en cuanto la jurisprudencia abrió la veda de las prohibiciones. En concreto la sentencia del Alto Tribunal de 2024 que aclaraba que las comunidades podían impedir las viviendas vacacionales siempre que viniera recogido en los estatutos. ¿Qué hicieron los vecinos? Pues aprobar en sus juntas esta tramitación que, no obstante, conllevaba costes económicos de registro y notario.

Carlos Castiñeiras, administrador de Gestión 10, señala que desde hace meses había recomendado a sus comunidades de vecinos blindarse en la medida de lo posible contra los pisos turísticos. «Si bien en Burgos no hay el problema de otras ciudades, la experiencia me dice que los propietarios suelen lavarse las manos cuando llegan las quejas. Y para evitarlo, lo mejor era aconsejar a los vecinos en este sentido», apunta.

(Más información, en la edición impresa de este miércoles de Diario de Burgos o aquí)