La Cofradía de la Virgen de Altamira logró hace algo más de ocho años que el Ayuntamiento de Miranda le cediera un local para crear el Museo de los Faroles, donde expone durante todo el año las piezas que protagonizan el desfile de las fiestas patronales. Esa inauguración supuso un hito para la entidad, que desde entonces ha desarrollado su actividad en las instalaciones de la esquina de la plaza de España con la calle Real Aquende sin ningún problema. Hasta ahora. Según explican desde el propio colectivo, en la actualidad el espacio sufre importantes filtraciones de agua que, conforme a su descripción, se deben a la situación de una vivienda okupada ilegalmente.

En la Cofradía de la Virgen de Altamira resumen, sin matices, que «el problema es del okupa que hay en un piso de arriba». Los miembros de la entidad apuntan a que ese inmueble «tiene una fuga en la general del agua y, aunque esta persona lleva bastante tiempo ahí metida, lo que ocurre ahora es que con ese problema en la tubería cada vez que abre el grifo o deja correr el agua, todo va hacia abajo». De esa forma el líquido llega al techo del propio museo, desde donde inunda parcialmente una zona «que ahora mismo está apuntalada».

Los inconvenientes que están sufriendo estas instalaciones de titularidad municipal no son puntuales, sino que se trata de un suceso que suele repetirse. Desde el colectivo que regenta el museo destacan que llevan meses padeciendo esta realidad y, sin ir más lejos, «hace solo unos días volvió a caer agua». En la Cofradía reconocen que este último percance tuvo un  menor calado que en ocasiones anteriores, aunque aclaran que lo importante «es que vuelve a pasar». Y no solo afecta al lugar donde se exponen los faroles, sino también a otros residentes del bloque situado en pleno corazón del Casco Viejo. Al menos eso aseguran en este colectivo, pues comentan que los vecinos de otra de las viviendas les han transmitido que «tienen problemas con este tema, porque les sale agua en la pared por el mismo motivo».

La difícil situación que existe ha obligado a que el Museo de los Faroles permanezca «cerrado». Eso sí, los miembros de la entidad que lo gestiona añaden que «si alguien pide visitarlo, se le permite pasar a verlo», aunque con muchas limitaciones. Y es que, según explican, «hay que tener en cuenta que la mitad de la lonja está acordonada», de tal manera que «a la zona trasera no se puede acceder y los misterios grandes se han puesto juntos en un rinconcito». No se trata de una cuestión menor, puesto que, como dicen en la Cofradía, «antes esto ya andaba muy justo de espacio» y, tras eliminar una buena sección de los metros disponibles, esa incomodidad ha crecido«todavía más».

Para evitar este tipo de complicaciones, los miembros de la entidad aseguran que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Miranda, a sabiendas de que el recinto como tal es una propiedad municipal, aunque se cediera allá por 2016. No obstante, en la Cofradía sentencian que «por ahora» los responsables de la administración local «no han ofrecido ninguna solución a los daños que se han ido generando».

El Consistorio, precisamente, se ha tenido que enfrentar a otros casos de inmuebles okupados hace no mucho tiempo. De hecho, a finales de octubre el Juzgado tomó la decisión, tras meses de espera, de ordenar el desalojo  de aquellos que residen de forma ilegal en viviendas que están en el inventario municipal. El primer alzamiento tuvo lugar en un piso del número 20 de la plaza del Mercado y durante la intervención, que ocurrió el pasado lunes 28 de octubre, se terminó deteniendo a uno de los moradores por la resistencia que mostró frente a los agentes.

Dentro del listado de apartamentos que pertenecen al Ayuntamiento y en los que el juzgado ha ido avanzando con las órdenes de desalojo también se encuentra el bloque situado en la calle El Olivo, en el periférico barrio de Bayas. Allí los vecinos de la zona aseguran que han notado que durante las últimas semanas ha crecido la inseguridad, con un repunte de los robos y hurtos menores, algo que ha coincidido con la llegada de una nueva familia al inmueble okupado ilegalmente.