El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone un importe histórico que es un 14,9 % respecto al de 2023, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.
La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3 % más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, según se les ha comunicado a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.
Hacienda destaca que serán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer las políticas públicas de las autonomías.
Asimismo, señala que en los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido un 40 % más de recursos que en los cinco últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone casi 180.000 millones más.
La reunión de este lunes también ha servido para que Hacienda comunique formalmente a las autonomías que tendrán un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en 2024, lo que supone un margen fiscal de una décima que el Gobierno ya había incluido en el plan presupuestario que remitió a Bruselas en septiembre.
Previamente, en la actualización del programa de estabilidad de abril, el Gobierno les había fijado como meta el equilibrio presupuestario (déficit cero).
Esa décima de mayor margen fiscal para las autonomías la asumirá la Administración Central, cuyo objetivo de déficit para 2024 quedará establecido en el 2,7 % del PIB, tras asumir también otras dos décimas de margen para las corporaciones locales.
Las corporaciones locales tenían previsto alcanzar un superávit del 0,2 % del PIB, una meta que ahora se ha rebajado al equilibrio presupuestario.
Por su parte, los fondos de la Seguridad Social podrán incurrir en un déficit del 0,2 % del PIB.
De esta forma, el objetivo conjunto de déficit público se mantiene en el 3 % del PIB para 2024, año en el que vuelven a aplicar las reglas fiscales después de que la Unión Europea (UE) las suspendiera en 2020 por la pandemia y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.
Esto implica la necesidad de aprobar unos objetivos de estabilidad a medio plazo, que tendrán que pasar en breve por el Consejo de Ministros, junto con el límite de gasto no financiero del Estado (techo de gasto) para los Presupuestos Generales del Estado de 2024.