La Intervención General del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que afea que durante los últimos tres años el Consistorio ha estado «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» en la contratación del servicio de procuraduría ante los Juzgados y Tribunales de Burgos. Y lo ha hecho porque el contrato que firmó con el último adjudicatario finalizó el 31 de julio de 2021.

Desde entonces lo que se ha hecho ha sido reclamar sus servicios de manera continuada cuando lo obligado era licitar un nuevo contrato o, tal y como aconsejó el anterior letrado jefe antes de su marcha, dejar que esta tarea la asumieran administrativos municipales (recompensándoles con el abono de una productividad).

La realidad es que en todo este tiempo el Ayuntamiento no ha licitado este servicio y el encargo de los trabajos al mismo procurador, según el informe de Intervención, «supone la vulneración del principio de salvaguarda de la libre competencia». Todo ello, al tiempo que impide a la Administración «la selección de la oferta económica más ventajosa». Recientemente se ha aprobado el abono de cinco facturas de los tres últimos ejercicios por un importe total de 72.000 euros.

Que se haya llegado a esta situación no quiere decir que se haya tratado de beneficiar al procurador con el que trabaja el Ayuntamiento desde hace muchos años que, dicho sea de paso, ha tenido que esperar tres años para que se le pague por su trabajo. Según la información recopilada por este periódico, la desidia municipal y probablemente la carencia de medios humanos han hecho que se haya llegado a este punto y que la Intervención General se haya visto obligado a afearlo. 

No se cuestiona que la prestación del servicio ha sido realizada y el importe facturado «se ajusta al mercado» y es por ello por lo que recientemente se ha aprobado el pago de estos trabajos mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En el informe se detalla que el hecho de que se vayan a pagar estos trabajos «en ningún caso corrige los defectos del expediente, ya que su finalidad es únicamente la imputación en el presupuesto corriente de las obligaciones derivadas de gastos indebidamente comprometidos, sin perjuicio de que deban exigirse las correspondientes responsabilidades por haberse realizado gastos sin consignación presupuestaria y/o sin cobertura contractual».

Ideas sin ejecutar. Viene al caso recordar que en un informe elaborado por el anterior letrado jefe se detalla que nada más incorporarse al puesto ya se había contratado este servicio y fue al finalizar este compromiso cuando planteó que fueran administrativos del Ayuntamiento los que se encargaran de la recepción de las notificaciones de los juzgados y tribunales. Aunque habría que «abonarles una productividad», según defendió, «supondría un cuantioso ahorro para el erario municipal». En el área de Personal compraron la idea, pero el tiempo pasó y nada se hizo al respecto.

El actual equipo de Gobierno del PP y Vox parece moverse en este idea, ya que en la última comisión de Hacienda y Contratación, en la que se aprobó la propuesta para el abono de las facturas, manifestó que no tenía intención de sacar un nuevo concurso, ya que la idea era únicamente recurrir al servicio de procurador en ocasiones puntuales.

Será ya en la Junta de Gobierno que se celebra en la mañana de hoy cuando se aprobará el pago de estas facturas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito. Algunas con tres años de retraso.