Una de las cosas que más me ha sorprendido, y lo sigue haciendo, de estos seis años de gobierno de Sánchez es la capacidad para cambiar el significado de las palabras. La ciencia económica es muy rigurosa con el lenguaje, o eso creíamos hasta que el Gobierno decidió que no nos merecíamos saber lo que está ocurriendo y pongo el ejemplo del destino de los miles de millones que han llegado de los fondos "Next Generation" asociados al Plan de Recuperación. Ya hace dos años, desde la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo llegó a España su presidenta para preguntar y entender qué se estaba haciendo con el dinero, cuál estaba siendo su destino. Se fue sin respuestas y así seguimos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tuvo esta semana la oportunidad en el Senado de aclarar a los españoles el destino del dinero y no lo hizo. Sabemos por las distintas asociaciones de empresas y autónomos que los miles de millones recibidos no han llegado a la economía real. Y su opinión es fiable, ya que, al fin y al cabo, estas empresas iban a ser las grandes receptoras de los fondos, con el objetivo de que se digitalizaran y modernizaran, tal y como señalaba el mencionado plan europeo. Además, para la recepción de estos fondos, el Gobierno se comprometía a diversas reformas de calado como el Sistema Público de Pensiones que como vemos sigue haciendo aguas y necesitado de transferencias de los Presupuestos del Estado para poder hacer frente al pago de las pensiones.

Cuerpo no solo desperdició la ocasión de explicar de una vez dónde está el dinero, qué empresas medianas o pequeñas y qué autónomos han recibido en su cuenta el dinero, sino que manipulando las palabras dijo que se ha "resuelto" el 59% de los 72.200 millones "movilizados" del Plan de Recuperación y que 42.000 millones han llegado a la economía real. La realidad, al margen de la confusión que crean los términos utilizados, es que el Tribunal de Cuentas de la UE alertó a principios de este mes de octubre de deficiencias en el sistema de control de los fondos, "lo que hace muy difícil seguir el rastro del dinero". El Gobierno de España, aseguraron, "no ha controlado, verificado ni informado del destino y la distribución de la mayoría de los fondos".