El Congreso reactivará este lunes la Comisión de Hacienda encargada de debatir el proyecto de ley para un nuevo impuesto a las empresas multinacionales, con el PSOE buscando fórmulas para superar los vetos cruzados de sus socios a su reforma fiscal. Si no lo logra, únicamente podrá aprobar el impuesto europeo, para lo que tiene una oferta de apoyo por parte del PP.

Una comisión que ya se tuvo que posponer dos veces la semana pasada por la pretensión de PSOE, Sumar y del bloque de investidura de abordar en el proyecto un amplio paquete de medidas fiscales, pero desde posturas diferenciadas.

Y es que, los socialistas han negociado a múltiples bandas las enmiendas a este proyecto, que originalmente sólo tenía como objetivo fijar un impuesto mínimo del 15% para las empresas multinacionales, una trasposición de una Directiva Europea.

Los primeros acuerdos, con PNV y JUNTS 

Los primeros acuerdos que cerró el PSOE antes de iniciar las reuniones en ponencia y comisión fueron con PNV y Junts. Con los vascos acordó, entre otros asuntos, reformar el impuesto a la banca y hacerlo permanente, mientras que con los catalanes llegó a un pacto para dejar morir el impuesto a las energéticas por el riesgo que suponía para un inversión de 1.100 millones de euros de Repsol en Tarragona.

Esto no sentó nada bien a los socios de izquierda y tampoco a Sumar, aliado del PSOE en el Ejecutivo, que aseveraron que la permanencia del impuesto a las energéticas era una línea roja en la negociación.

Para aprobar el informe de la ponencia, los socialistas optaron por incluir únicamente cuatro enmiendas de carácter técnico, dejando para la comisión la decisión sobre los impuestos más polémicos. La fórmula convenció y el texto se aprobó por mayoría, pero siempre con los socios manteniendo las espadas en alto.

Siguiente acuerdo del PSOE con Sumar

La idea del PSOE era reunir la comisión al lunes siguiente, pero los socios se enrocaron y al Grupo Socialista no le quedó otra que suspender la reunión al no tener suficientes apoyos. Eso sí, desde el Gobierno vetaron diecisiete enmiendas de diferentes grupos, como rebajar el IVA a peluquerías, para evitar que pudieran salir adelante en contra de su criterio.

A cambio, anunció un acuerdo con Sumar para gravar artículos de lujo como 'jets' privados o yates, subir impuestos a las socimis o incrementar la fiscalidad a la sanidad privada.

Pero lejos de allanarse el camino, el nuevo acuerdo con el grupo plurinacional añadió más incertidumbre, pues su petición para eliminar las exenciones fiscales a los seguros médicos privados es rechazada por PNV y Junts. Los de Carles Puigdemont también rechazan poner más impuestos a las socimis.

Y a esto hay que añadir las críticas de los partidos de izquierda al Gobierno por priorizar a la derecha del bloque, y todo en un momento en el que el Gobierno está ante la última oportunidad de acometer una amplia reforma fiscal este año, dado que no se pueden aprobar impuestos por decreto ley y que los Presupuestos de 2025 tienen un futuro incierto.

Prorrogar el gravamen por decreto ley 

Este era el escenario el pasado jueves, día en el que se fijó la nueva comisión y en el que el PP apareció para ofrecer un salvoconducto al PSOE: aprobar la ley, pero sólo ciñéndose al impuesto mínimo global que exige Bruselas y a terminar con el fraude del IVA que se produce en los hidrocarburos, pero sin incluir más tributos, ni banca, ni energéticas, ni vapeadores, ni tabaco, ni diesel.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, explicó que su formación es proclive a la directiva de Bruselas, pero no a un "hachazo fiscal" con el que se pretenden subir "más de 40 impuestos".

Fuentes parlamentarias comentan que una fórmula que se está poniendo sobre la mesa es prorrogar otro semestre vía decreto ley el gravamen a las energéticas que rige actualmente.

La propuesta de los 'populares' ya sonaba con fuerza en la Carrera de San Jerónimo y PNV, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu consideraban que era la fórmula más sencilla para llegar a un acuerdo, aunque pudiera tratarse de un "caramelo envenenado" que complicaría la vida al PSOE en futuras negociaciones.

A priori, el PSOE decidió rechazar el envite del PP: "Estamos negociando", dijo el jueves en los pasillos del Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, momentos previos a que se cancelara la comisión convocada para ese día.