Hace cinco cursos que la cifra de devolución de becas por parte del alumnado universitario se consideraba anecdótica tanto por el número de afectados como por el importe del reintegro. Así, en el ejercicio académico 2019-2020 fueron 15 los estudiantes de la academia burgalesa que tuvieron que efectuar un desembolso de más de 26.850 euros al no cumplir los requisitos mínimos académicos.Sin embargo, el año pasado tuvieron que pasar por este trámite hasta 66, que reembolsaron al Ministerio de Educación más de 269.000 euros, que unido a otras circunstancias como anulaciones o renuncias elevaron la primera cifra a 79 y la segunda rozó los 300.000 euros.
Este salto cuantitativo no representa el mayor registrado en el último lustro en lo que se refiere a superar el número de suspensos permitido. Este tuvo lugar en 2021-2022, con 108 universitarios y 333.597 euros, mientras que el anterior también resultó significativo con 85 y 155.000 euros, respectivamente. La explicación que aporta la UBU a este incremento del montante económico está directamente relacionada con un cambio en la política estatal que ha llevado consigo duplicar la cuantía destinada a estas ayudas, principalmente la que se encuentra ligada a gastos de alojamiento, manutención o desplazamiento en el caso de quienes estudian fuera de su residencia.
En este caso, los datos del Vicerrectorado de Estudiantes evidencian la situación, ya que se ha pasado de un importe medio de 1.500 euros a superarse de largo los 3.000 euros, sin incluirse en estas cantidades las tasas de matrícula. La responsable de este departamento, Verónica Calderón, aplaude dicha subida y reclama que se mantenga en el tiempo, si bien comparte la postura crítica que defiende el resto de campus nacionales, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE), respecto a que se trata de una «doble penalización» para los alumnos que se ven afectados.
Por un lado, la responsable académica hace referencia a la propia devolución del dinero del curso ya finalizado, teniendo en cuenta que sí que ha sido beneficiario de la beca el año anterior, y, por otro, al hecho de que el estudiante se queda sin posibilidad de solicitarla para el ejercicio siguiente. Todo ello, agrega, sin contar con que el Ministerio aplica intereses de demora desde la revocación de la misma y el tiempo para resolver los expedientes no es el mismo en cada institución docente. «Nosotros intentamos acortarlo lo máximo posible y que este no supere los dos meses», manifiesta. A todo lo anterior, agrega que se desconoce la situación que rodea a cada universitario para no poder alcanzar ese mínimo de créditos aprobados, ya que el bajo rendimiento puede ser de carácter voluntario o estar asociado a circunstancias personales sobrevenidas.
En cualquier caso y en línea con la CRUE, Calderón aboga, primero, por eliminar cualquier interés de demora y va más allá en su reivindicación a la hora de reclamar un cambio en la normativa actual retomando la anterior en la que la única penalización pasaba por que el alumno se quedara sin posibilidad de solicitar la ayuda el curso siguiente. «Lamentablemente, cuando pierden la beca también suelen desaparecer sus posibilidades de continuar en el sistema educativo universitario», advierte.
Ese mínimo de aprobados se sitúa en torno al 40 o 50% de los créditos, dependiendo de la rama de conocimiento, algo que se determina con las tasas de éxito de cada grado, a lo que se suma el cumplimiento de requisitos como el de asistir a un mínimo del 80% de las clases. Más allá de esta exigencia existe otra casuística como la anulación de la matrícula (8 el curso pasado), la modificación o renuncia (5) o errores en el sistema (1).