Después de durar apenas unos días en el Ayuntamiento de Merindad de Montija, Teresa Gallego tomó ayer posesión para hacerse cargo de la secretaría de Vizcaínos una vez que la Junta de Castilla y León la haya vuelto a requerir al ser la primera en la lista de la bolsa de interinos. La exgerente del Colegio de Abogados, procesada por el supuesto desfalco a este órgano junto a su hermano Juan Antonio, asume funciones financieras de una agrupación de cinco municipios que, bien es cierto, tienen externalizada su contabilidad. 

La Dirección de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, volvió a ponerse en contacto con Gallego, después de su breve paso por Merindad de Montija, para que en esta ocasión se hiciera cargo de la secretaría de cuatro municipios. Pues bien ayer fue su primer día en el Ayuntamiento de la mencionada localidad. 

Si bien las funciones que le corresponderían por su cargo serían, entre otras, las de fe pública, asesoramiento legal y la fiscalización de la gestión económico financiera (tesorería, recaudación y contabilidad), en este caso esta última gestión está externalizada a un despacho de la capital, según ha podido saber este periódico. Es decir, estará al tanto de facturas y demás cuentas, pero no tendrá que realizar ella las gestiones. 

Hace apenas un mes, Teresa Gallego tomó posesión en otro municipio, Merindad de Montija, pero apenas duró una semana porque la administración municipal se puso en contacto con el habilitado nacional de Trespaderne para que se hiciese cargo de la secretaría por acumulación. 

La exgerente del Colegio de Abogados y su hermano, el empresario hostelero Juan Antonio Gallego, se sentarán en el banquillo en junio de 2026 acusados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental por el supuesto desfalco de unos 340.000 euros al órgano de representación de los letrados burgaleses. Unos delitos por los que se enfrentan a penas de prisión que van desde el año y nueve meses a los doce años.

Según la Fiscalía, Teresa Gallego aprovechó su cargo como gerente del Colegio de la Abogacía, entre 2010 y 2019, para desviar durante todos esos años fondos del órgano  a cuentas de las que era titular. En su escrito de acusación, sostiene que llevó a cabo disposiciones en efectivo y transferencias.