El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el principal instrumento de planificación que tiene un Ayuntamiento de Burgos para diseñar cómo será la ciudad del futuro, contempló hace más de una década (se aprobó en 2014) que entre los años 2012 y 2022 se invertirían en la ciudad más de 954 millones de euros. Descontado lo que pronosticó que harían terceros (operadores privados, otras administraciones y compañías de agua, gas, telecomunicaciones o electricidad), la tarea que se ponía el Consistorio a sí mismo era la de ejecutar en ese periodo 268,4 millones de euros en actuaciones de ámbito urbanístico. El tiempo ha venido a mostrar que de aquello que se anunció en la memoria de gestión se ha hecho muy poco ya que solo una mínima parte de esa planificación, que expertos en la materia sitúan por debajo del 10%, es hoy una realidad. Ya sea por un cambio en las prioridades de las últimas corporaciones, porque la ciudad no se ha desarrollado al ritmo o por el cauce previsto o, sencillamente, porque la tramitación en algunos casos ha ido a una velocidad más lenta de lo esperado.
Aquel documento contemplaba que el Ayuntamiento ejecutaría más de 94 millones de inversión en lo que denomina infraestructuras generales. Lo más llamativo es que se incluían 26,3 millones para la construcción de dos túneles en el entorno del Castillo (en la Camposa para unir la calle San Francisco con la carretera del Cementerio y bajo el cerro de San Miguel para conectar el paseo de las Corazas con la calle Felipe de Abajo). No solo no se sabe nada de aquellas ideas, que provocaron incluso protestas de los ecologistas, sino que ningún partido político las lleva en sus programas electorales.
Otra de las grandes actuaciones que contemplaba el también conocido como Plan Ezquiaga era el de la transformación de la BU-11, cuyo recorrido discurre entre el Nudo Landa y la Plaza del Rey, en un bulevar. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló en 2016 el sector S-36 'Mirabueno', donde se contemplaba la construcción de alrededor de 5.000 viviendas, ha hecho que no se considere una actuación prioritaria.
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