Empezamos bien el año. Nuestros gobernantes nos proponen tres medidas para afianzar nuestra democracia. Parecen no percatarse que son ellos los que con sus propuestas la vienen haciendo tambalear. La primera, necesaria, trata de cumplir con el derecho que tenemos todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Derecho que se han ido pasando por el forro desde 1978 y, unos por otros, las casas sin hacer. Ahora, 47 años después, nos dicen que la solución es la creación de una gran empresa pública de vivienda. No sé, pero suena a que nos quedamos sin viviendas mientras algunos se forran con la apertura de un nuevo chiringuito. Ojalá me equivoque.
La segunda, innecesaria, solo sirve para constatar la distancia existente entre la España oficial y la España real. La celebración de '50 Años de Libertad', a pesar de la propaganda, no afianza nuestra democracia ni mejora nuestra vida, pero nos costará un pastón. No nos engañemos, de 1975 hasta bien pasado 1981 había muy poca libertad, mucho terrorismo y algo de golpismo. En la última década, entre ideologías variopintas y redes sociales, nuestra libertad está más recortada que nunca con el rollo de lo políticamente correcto. Esto es algo que nos aleja del disfrute de ser nosotros mismos y que no se arregla con los actos programados.
La tercera, inclasificable, es la que merma uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho y que recorta nuestros derechos fundamentales. Eso, y no otra cosa, es lo que hace la propuesta de reforma de la acusación popular. Limitar una de las garantías constitucionales que tenemos para obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos. Intereses de los que la cosa pública está llena. No sé qué parte del sistema de administración de justicia y de la independencia de jueces y fiscales no entienden nuestros próceres gobernantes.