Castilla y León es la quinta comunidad autónoma de España que menos financiación destina a las universidades públicas y sus alumnos, con 6.849 euros por alumno, solo por detrás de Madrid (5.362 euros), Cataluña (5.599 euros), Murcia (6.267 euros) y Andalucía (6.483 euros). El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), correspondiente al año actual, destacó que el mayor esfuerzo financiero por las administraciones autonómicas en el curso 2022-2023 correspondió a La Rioja (9.689 euros), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros), que superaron los 9.000 euros por estudiante. En todo caso, la Comunidad está ligeramente por encima de la media nacional, que se situó en 6.671 euros. 

El informe CYD 2024, consultado por la Agencia Ical, muestra, que las universidades Politécnicas de Valencia y Cartagena, La Rioja, la Pública de Navarra y la del País Vasco, con más de 9.000 euros por estudiante, están muy por encima del resto. En este apartado, las universidades de Valladolid (UVa) y León (ULE) están mejor que la media regional, con más de 7.000 euros. En concreto, la institución vallisoletana alcanzó los 7.717 euros, mientras que la leonesa lo superó por poco, con 7.050 euros. Por su parte, la financiación de la Junta a la Universidad de Burgos (UBU) se quedó en 6.404 euros por alumno y la de Salamanca (Usal) fue la que salió peor parada, con 6.193 euros. 

La clasificación de las transferencias corrientes y de capital procedentes de las administraciones autonómicas por estudiante, que analiza las 47 universidades públicas presenciales del país, sitúa a la UVa en el puesto décimo con mayor financiación mientras que Salamanca se quedó en la posición 32. Es decir, solo hay quince instituciones universitarias con peores cifras. Entre medias, están León (puesto 21) y Burgos (30).

Este indicador, tal y como apunta CYD, aproxima el esfuerzo financiero realizado por el sector público regional en cada universidad, considerando que la educación es una competencia descentralizada en España. En 2022, el 82 por ciento del total de las transferencias recibidas provinieron de administraciones autonómicas.

Otra de las variables que analiza el informe es la relación entre la financiación de las autonomías por alumno universitario y el PIB per cápita de las regiones, lo que, a juicio de los autores del estudios, ofrece una visión "más ajustada" del esfuerzo inversor relativo de las comunidades autónomas en función de su riqueza. Con este indicador, regiones como País Vasco (25,3 por ciento) y Navarra (27,3 por ciento) caen en la clasificación, dado que, aunque tienen altas transferencias por alumnos, son menores en relación con su riqueza.

Por el contrario, comunidades menos ricas como Andalucía (30,7 por ciento) y Extremadura (33,4 por ciento) escalan posiciones debido al mayor esfuerzo relativo que realizan. En cualquier caso, Madrid (13,9 por ciento), en primer lugar, y Cataluña (17,2 por ciento), en segundo, siguen destacando con el menor esfuerzo relativo, con ratios inferiores al 20 por ciento, frente al 30-35 por ciento de otras ocho comunidades autónomas (Asturias, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Comunidad Valenciana). Castilla y León aparece, de nuevo, en el quinto puesto por la cola, con el 25,4 por ciento, por detrás de Madrid, Cataluña, Aragón y País Vasco. Eso sí, también por encima de la media nacional del 23,7 por ciento. 

Esfuerzo de las familias

El informe de referencia de la universidad española, recogido por Ical, también presenta la recaudación por precios públicos dividida por el total de alumnos en el conjunto de las universidades públicas presenciales españolas, agrupadas por comunidad autónoma. Es el indicador que aproxima el esfuerzo financiero que realizan los estudiantes y sus familias para sufragar los gastos universitarios de matrícula. Aquí, Madrid (1.620 euros) y Cataluña (1.508 euros) aparecen como las regiones con los valores más elevados, seguidas por Aragón (1.302 euros), Navarra (1.212 euros), Castilla-La Mancha (1.205 euros) y Castilla y León (1.151 euros), que aparece en el sexto más alto de España. En el extremo opuesto, Galicia (738 euros) y Canarias (776 euros) presentan las recaudaciones más bajas seguidas de Andalucía y el País Vasco (entre 800 y 900 euros por alumno). 

Por universidades, entre las diez con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y la de Alcalá) y cuatro catalanas (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida), además de la Universidad de Zaragoza. En el lado opuesto, entre las diez con menores ratios, están las tres gallegas, las dos canarias, y el resto son universidades andaluzas (Granada, Jaén, Cádiz, Córdoba y la sevillana Pablo de Olavide). 

Las instituciones de Castilla y León no ocupan los primeros puestos pero están en la mitad superior de la tabla, con Salamanca a la cabeza, con una recaudación de 1.203 euros, hasta situarse en el lugar 16; seguida de la ULE, con 1.172 euros (puesto 18); Burgos, con 1.119 euros (21) y Valladolid, con 1.089 euros (puesto 23). 

Por universidades, nueve presentaron en 2022 una necesidad de financiación, es decir, un déficit no financiero. Estas incluyen las universidades madrileñas Rey Juan Carlos (-15,5 por ciento) y Complutense de Madrid (-0,9 por ciento), las andaluzas de Málaga (-10,5 por ciento), Almería (-8,9 por ciento) y Jaén (-1,2 por ciento), las valencianas Miguel Hernández de Elche (-7 por ciento), Jaume I de Castellón (-4,1 por ciento) y la de Alicante (-2 por ciento). Además, aparece la Universidad de León, con una necesidad de financiación del 3,6 por ciento. 

En el otro lado, con una capacidad de financiación superior al diez por ciento de sus ingresos no financieros, destacaron las politécnicas de Valencia y Catalunya, la de Lleida, Valencia y Baleares. Las universidades de Burgos, con un 6,6 por ciento, y de Salamanca, con un 4,8 por ciento, son las que se encuentran en mejores posiciones, mientras que la UVa se queda con una capacidad del 2,7 por ciento. 

En la tasa de ahorro bruto, las universidades de la Comunidad están con registros positivos como la Usal (6,7 por ciento), León (4,8 por ciento), la UBU (4,4 por ciento) y Valladolid (3,9 por ciento).

Precio público crédito

Otro apartado del Informe CYD analiza las diferencias territoriales en los precios públicos en primera matrícula de los grados universitarios en España, con datos del curso 2023-2024. Castilla y León es la comunidad donde más bajan los precios con respecto al curso anterior, un 7,8 por ciento frente a la caída del 0,8 por ciento en el conjunto del país. Con respecto al curso 2019-2020, el descenso del 11,1 por ciento. En este caso, la variación es inferior a la media española, que fue del 18,9 por ciento, gracias a los últimos cambios legislativos aprobados. 

La Comunidad aparece, con un precio medio del crédito matriculado en un grado de 15,06 euros, en el puesto 11 de un total de 17 regiones. Está ligeramente por debajo del conjunto de España (15,49 euros), lo que implicaría un precio total de una carrera de cuatros cursos (240 créditos) de 3.717 euros en promedio (929 euros por curso, todo superado a la primera). Por comunidades autónomas, los precios medios máximos se dan en el curso 2023-2024 en Navarra (19,29 euros por crédito matriculado en primera matrícula), Madrid (18,54) y Cataluña (18,14), mientras que los precios más reducidos son los de Galicia (11,7 euros), Asturias, Canarias y Andalucía (12-13 euros).

Conocimiento y Desarrollo fijó las siete prioridades estratégicas de la universidad española, que pasan por aumentar la inversión, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo y acelerar la transformación digital. 

Aumentar la inversión

El informe urge a establecer una estrategia y fijar prioridades claras para aumentar la inversión en educación superior en España, que pasa por objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario.

Los autores recordaron que los datos más recientes (2021) revelan que España destina un 1,43 por ciento del PIB a la educación superior frente al 1,48 por ciento de la OCDE. El 67 por ciento del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76 por ciento de la UE, y la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19 por ciento, por debajo de la media de la UE (2,44 por ciento) y la OCDE (2,72 por ciento). Más allá de pretender equiparar estos porcentajes, el incremento de la inversión debe ir acompañado de una transformación del modelo de financiación, centrado en el uso estratégico de los recursos y en una rendición de cuentas continuada y periódica en base a resultados.

Un ejemplo claro de la necesidad de una estrategia se observa en la inversión en I+D. Aunque en 2022 España experimentó un crecimiento del 12 por ciento, alcanzando los 19.325 millones de euros mayoritariamente gracias a fondos europeos, la contribución de las universidades continúa disminuyendo, situándose en el 26,5 por ciento del total. "Esto muestra que el problema no es únicamente la cantidad de recursos disponibles, sino la falta de un enfoque estratégico que priorice y fortalezca el papel de las universidades en el ámbito de la innovación y el desarrollo", sentenció.