En unos pocos años Miranda ha sido testigo del asesinato de Ana Belén Jiménez a manos de su marido, Agustín Herrero, que también atacó con un martillo a otras dos mujeres para intentar camuflar su acto machista; de un tiroteo en la calle Vitoria que dejó tres heridos; del crimen de un escayolista cuyo cadáver fue tirado al río; de la detención de un ultraderechista que acumulaba un peligroso arsenal de armas; del arresto de un presunto terrorista acusado de enviar cartas bomba a personas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o del reciente caso en el que una mujer fue retenida y encadenada por un varón que ya había secuestrado a una niña en 2015. Ahora bien, aunque la ciudad del Ebro ha acaparado la atención nacional por este tipo de sucesos, lo cierto es que tiene una tasa de criminalidad moderada.

Cruzando el padrón del INE y los datos sobre delitos del Ministerio del Interior relativos a 2022, en Miranda se contabilizaron 37 infracciones penales por cada mil habitantes durante todo el año. Se trata de un valor mucho más bajo que la media del país en su conjunto, que se acerca a los 49, y también que buena parte de los lugares de su entorno. En concreto, Aranda de Duero registró una tasa de criminalidad cercana a los 48 sucesos por cada millar de ciudadanos, Vitoria se acercó a los 42 y Bilbao superó los 68. Unido a ello, en Castilla y León hay hasta siete municipios con más de 20.000 vecinos que tuvieron un peor índice que la ciudad del Ebro a lo largo del último ejercicio computado por completo.

Y la tendencia se mantiene este año. A lo largo del primer semestre de 2023, la tasa de criminalidad de la ciudad se ha quedado cerca de los 19 delitos por cada mil personas, lo que la sitúa por debajo de hasta seis municipios de más de 20.000 habitantes en la región y prácticamente empatada con otros como Burgos, Ponferrada, Valladolid o Zamora. Como ya ocurría con el índice relativo al ejercicio anterior, durante el presente curso también las grandes localidades del País Vasco más cercanas a Miranda han tenido un índice bastante superior. La capital de Álava ha acumulado unas 22 infracciones penales por 1.000 ciudadanos y la de Vizcaya ha rozado las 33.

Al día siguiente todavía quedaban rastros de sangre en el suelo de la calle JuanRamón Jiménez. - Foto: Ó.C.

Además, en el caso del municipio del norte de Burgos la gran mayoría de delitos tampoco se corresponden con casos sangrientos o tan truculentos como los que llaman la atención de todo el país. A lo largo de 2022 el Ministerio del Interior contabilizó hasta 1.317 infracciones penales, pero un importante número de ellas se correspondieron con hurtos (224), robos (106) y ciberdelitos (240), mientras que casi la mitad del total se incluyeron en la categoría de 'resto de criminalidad convencional', que no abarca esas tipologías ya mencionadas ni tampoco las agresiones sexuales u homicidios.

Precisamente, en Miranda solamente hubo un homicidio en grado de tentativa en 2022, lo cual se ha mantenido en la primera mitad de este año. De hecho, la proporción de cada tipo de suceso comparando ambos periodos resulta muy similar, dado que en 2023 nuevamente los hurtos, robos y ciberdelitos, sumados al resto de la criminalidad convencional que no incluye las agresiones fatales, copan la mayor parte de la estadística. En total, durante los primeros seis meses de este curso se han contabilizado 656 infracciones penales, casi un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

EL JUBILADO QUE SELLÓ SEIS BOMBAS

Pompeyo fue detenido el 25 de enero de este año junto a su piso de la calle Clavel. - Foto: Alberto Rodrigo

La sorpresa inundó cada rincón de España el día en el que decenas de policías armados con fusiles aparecieron en la calle Clavel para arrestar a Pompeyo González, el vecino de Miranda de 74 años que presuntamente envió seis cartas bombas a objetivos como Pedro Sánchez y que dejaron un herido leve a finales de 2022. Incluso en el extranjero no daban crédito con que el protagonista del suceso fuera un jubilado de la ciudad el Ebro, en lugar de un grupo de supremacistas rusos ni de espías del Kremlin, como dejó caer el New York Times.

La detención tuvo lugar el 25 enero de este año. A primera hora de la mañana, innumerables patrullas inundaron el tranquilo barrio de La Charca y, poco después, las cámaras de todo el país giraron sus objetivos hacia el portal 2 de la calle Clavel. Ya por la tarde, Pompeyo salió de su vivienda, tras el pertinente registro con el que se completó la operación Konvert (sobre, en ruso).

Desde entonces no se le ha vuelto a ver. Se ha convertido en un fantasma que pasa desapercibido, sin que nadie en su zona se haya percatado de su presencia. Casi nadie, en realidad. Unos pocos han hablado con él y dicen que defiende su inocencia. Eso sí, no parece haber convencido a la Audiencia Nacional, que ha confirmado que será procesado por terrorismo. Entre los materiales compatibles con la fabricación de explosivos que compró en internet y otros tantos indicios, la causa sigue adelante.

La víctima llegó encadenada al Hospital Santiago Apóstol. - Foto: DB

UN SECUESTRADOR REINCIDENTE

Maniatada con una cadena que también le llegaba al cuello. Así llegó una mujer al Hospital Santiago Apóstol el pasado 20 de noviembre después de que, supuestamente, un mirandés la hubiera golpeado y retenido contra su voluntad. Ese hombre ya era un conocido de la Policía, y no por algo bueno. En 2015 secuestró a una niña y abusó sexualmente de ella, por lo que se le condenó a prisión durante seis años.

Pero ya estaba en libertad aquel lunes 20, cuando, según la declaración de la víctima, se ofreció a llevarla hacia el centro desde el hospital y la invitó a entrar en su casa con la excusa de recoger unos enseres. De repente comenzó a golpearla, hasta que quedó inconsciente. Al despertar notó que le faltaba el aire, J.M.G., el presunto agresor, la estaba intentando asfixiar con una cuerda y ya le había encadenado. No obstante, la mujer logró escapar en un descuido del varón para buscar la ayuda de unos familiares, que le trasladaron al Santiago Apóstol.

La Policía Nacional tuvo que pedir refuerzos de la capital para controlar la situación. - Foto: EFE

La Policía dio con el sujeto unas horas más tarde. Le detuvieron, pero el juez, en un primer momento, le dejó en libertad. El caso llenó el jueves a los programas televisivos, los informativos de radio y las páginas de los periódicos, que se hicieron eco de la historia de 2015 que narraba Diario de Burgos. Durante esa jornada, la Autoridad Judicial volvió a citar a la víctima y a un testigo, cuyo testimonio escuchó el viernes, antes de decretar prisión provisional para el acusado.

Ahora J.M.G. está a la espera de juicio y la mujer, según explicó a DB, respira aliviada al saber que no se le cruzará por la calle.

ESCOLTADOS EN SU DESTIERRO A SEGOVIA

Un posible robo, la okupación de una vivienda o un conflicto relacionado con drogas. Aún nadie ha conocido el motivo exacto por el que una familia fue expulsada por otras del Casco Viejo de Miranda, pero lo cierto es que aquel destierro resulta difícil de olvidar. La Policía Nacional blindó el barrio mirandés el martes 6 de junio, y las jornadas sucesivas, para evitar que todo estallara y se generara una disputa incontrolable. Los agentes lograron ese cometido, pero, aun así, la tensión se palpaba en el aire.

Un clan de Cuéllar, que llevaba dos años viviendo en una casa okupada de la calle Real Aquende, se atrincheró en ese inmueble el martes por la tarde. Decenas de personas se arremolinaron junto a una vivienda, donde los testigos sintieron incluso miedo al escuchar disparos. Los agentes de las Fuerzas del Orden aparecieron para comprobar qué ocurría y, rápidamente, solicitaron refuerzos que llegaron hasta de la capital de la provincia.

Tras una larga jornada, el clan segoviano aceptó el destino que le habían marcado el resto de familias. Sin que hubiera heridos ni detenidos, estas personas abandonaron la ciudad, presumiblemente, hacia su lugar de origen escoltados por la Policía Nacional durante varios kilómetros. Los que les conocieron decían de ellos que generaban graves problemas de convivencia. Algunos vecinos del Casco Viejo reconocían aquellos días sentirse aliviados de que se fueran, y otros anticipaban represalias si volvían. No lo hicieron.

LUTO EN LA 'CALLE DEL VICIO'

Todavía no se ha esclarecido si puede considerarse un homicidio o si queda de un delito de lesiones, pero el resultado de la noche del domingo 24 de septiembre fue una tragedia en cualquier caso: un mirandés murió tras una discusión a las puertas de un pub de la calle Juan Ramón Jiménez. El varón mantuvo un conflicto por la presencia de su perro dentro del establecimiento y, aunque en ningún momento se desató una pelea, otro individuo le terminó sacando del lugar y empujando contra un vehículo que estaba aparcado en el exterior. En el suelo, tras golpearse la cabeza, perdió la vida.

Si bien la autopsia preliminar determinó que la muerte parecía provocada por las patologías que ya tenía la víctima, el abogado de la familia opina que se trata de un homicidio imprudente porque la situación de tensión fue el desencadenante que hizo que el hombre dejara de respirar después de caer al firme de la conocida como 'calle del vicio', una de las más conflictivas de toda la ciudad del Ebro.

Además, recientemente ha solicitado que se implique a un otro sospechoso en estos hechos, puesto que el abogado de la familia asegura que hay cuatro testigos que vieron cómo el segundo sujeto llegaba incluso a dar una patada en la cabeza al hombre fallecido. Así, la acusación particular pide que se condene a los dos presuntos implicados, que ahora están en libertad a la espera de juicio, por ese supuesto homicidio imprudente.