La única de las demandas penales interpuestas por el concejal de Iniciativa Merindades (IM), Juan Carlos Izaguirre, contra el alcalde de la Merindad de Sotoscueva, José Luis Azcona, que había prosperado y le iba a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo mes de enero, ha sido archivada por los magistrados esta semana después de que Izaguirre retirara la acusación particular. Azcona (PP)se enfrentaba a una petición de 9 a 15 años de inhabilitación para cargo público como presunto autor de un delito continuado de prevaricación, al haber presuntamente favorecido a la Sociedad de Caza El hornedo de Trápaga.
La acusación estaba únicamente ejercida por el concejal de IM tras la renuncia del fiscal, uno de los motivos por los que en caso de perder el pleito hubiera tenido que abonar una suma considerable en costas. Izaguirre insiste ahora en que la juez de Villarcayo «vio indicios de delito» y por ello abrió juicio oral. Pero después de mantener viva durante más de cinco años una causa por hechos ocurridos en 2017 defiende que ha decidido «recuperar la buena vecindad y tratar de entendernos a través del diálogo y no de los juzgados».
Izaguirre, que este año ha visto como quedaban archivadas dos causas penales abiertas contra el regidor de Sotoscueva por el uso de la antigua escuela de Quisicedo que hace la Asociación Nabo-Qui desde hace décadas y por la prórroga del contrato del técnico encargado de las tareas de asesoramiento urbanístico en el Ayuntamiento, dice estar «cansado» de los pleitos judiciales que han salpicado su relación con el grupo de gobierno.
El concejal desde 2011 sostiene que «la forma de trabajar en el Ayuntamiento de Sotoscueva ha cambiado durante estos años y ahora vuelve a haber una buena relación con el equipo de gobierno» que le ha llevado a esta decisión. No obstante, recuerda que en algunos autos de archivo de los asuntos que venía defendiendo en los tribunales, los jueces admiten la existencia de «irregularidades administrativas que no alcanzan la condición de delitos penales». Ante ello, Izaguirre insiste en que dará prioridad al diálogo y, en caso de no lograr sus objetivos, recurrirá a los recursos contencioso administrativos.
Una de las últimas cuestiones que dice haber resuelto con el diálogo fue el de las retribuciones de la Alcaldía. Al comienzo de esta legislatura, el pleno acordó que el regidor cobrase 80 euros cada día que acudiera al Ayuntamiento e Izaguirre presentó a Azcona sentencias que alertaban de una posible irregularidad, lo que le llevó al regidor a renunciar a su jubilación y darse de alta con una dedicación parcial de 16 horas semanales y 25.500 euros brutos de salario anual.
El último caso archivado por la Audiencia Provincial estaba relacionado con la cesión de los derechos cinegéticos de fincas rústicas de particulares y de la junta vecinal de Quisicedo en favor de la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga sin contar con un acuerdo de la junta vecinal. La juez de Villarcayo entendió que «faltaba transparencia, publicidad y objetividad», pero la Audiencia sostiene en su auto que «para que un proceso se inicie debe existir una acusación hecha por una persona ajena al órgano sentenciador». Al retirarse la única acusación de Izaguirre, el caso queda sin acusador y la Audiencia ha decretado su archivo.