El tenso debate entre Gobierno, sindicatos y patronal para reducir la jornada legal en 2,5 horas semanales ha arrinconado la negociación más ambiciosa sobre la semana laboral de cuatro días, la gran promesa que se abrió paso tras una pandemia que puso en cuestión la manera de trabajar en España hasta ese momento.
El trámite parlamentario sobre la reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas lo abrió Más País, la formación de Íñigo Errejón ahora integrada en Sumar, que condicionó su apoyo a los Presupuestos de 2021 a la puesta en marcha de un programa piloto que el Gobierno se comprometió a financiar con 50 millones de euros.
La dotación económica para implementarlo se retrasó a las Cuentas Públicas de 2022 por un importe muy inferior (10 millones), su puesta en marcha no llegó hasta 2023 y, a día de hoy, aún no se ha resuelto la convocatoria a la que se presentaron 41 pymes industriales.
El objetivo de la iniciativa, que acumula meses de retraso, es impulsar la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas privadas que desarrollen una actividad industrial a través de ayudas de hasta 200.000 euros a cambio de reducir durante un mínimo de 24 meses un 10% de la jornada laboral sin bajar salarios.
Las 32 horas son, en cualquier caso, una reivindicación sindical a medio plazo en un contexto europeo en el que no se ha avanzado legalmente hacia ese reto, más allá de proyectos piloto en países como, por ejemplo, el Reino Unido.
Bélgica reconoció la semana laboral de cuatro días en su última reforma de 2022, lo que da la posibilidad de concentrar el trabajo en menos jornadas pero sin reducir las 38 horas semanales legales.
Entre las empresas que ya han implantado en España la semana de cuatro días hay dos andaluzas, Software Delsol y Grupo Deluxe, que con jornadas máximas de 36 horas semanales han visto crecer la productividad y no prevén dar marcha atrás a una medida que ha propiciado «trabajadores más felices».
Movilizaciones
En un debate paralelo, como es la reducción de la jornada de 40 a 37,5 horas semanales a partir de 2025 sin recortar el salario, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideró ayer que los sindicatos tienen que dar un impulso a las movilizaciones en septiembre. Sordo lamentó que las reuniones sobre este tema «quedaron bastante estancadas» a finales de julio y los primeros días de agosto, por lo que se mostró partidario de que los sindicatos adopten medidas de presión en la calle y en centros de trabajo el próximo mes.