La denominada 'ley mordaza' o Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor en el año 2015 y 2023 ha sido el ejercicio en el que se han batido todos los récords de sanciones puestas por incumplimientos de esta normativa. Sin contar el año 2020, el de la pandemia, en el que el Estado decidió aplicar esta norma para denunciar a quienes se saltaban los confinamientos, en todos los ámbitos. Baste comparar 2023 y 2022 para evidenciar el celo con el que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron respetar esta ley el pasado año o bien el nivel de incumplimiento ciudadano de la misma. Si hace dos ejercicios en Burgos se iniciaron 2.561 expedientes en 2023 esa cifra alcanzó los 3.532, lo que arroja un incremento porcentual del 37%. Y la recaudación ha pasado de 1,5 millones de euros a 2,1 millones de euros, un aumento del 40%.

La mayor parte de las sanciones impuestas por el incumplimiento de esta norma es por tenencia ilícita de drogas en controles rutinarios que realiza la Policía Nacional, la Guardia Civil y también las policías locales. El número de denuncias alcanzó el pasado ejercicio las 2.544, según la estadística del Ministerio del Interior, mientras que hace un año no llegaron ni a 1.700. El dinero recaudado se ha elevado desde los 1,1 millones de 2022 a los 1,7 de 2023.

La posesión de armas también se halla en el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y en Burgos también se batieron las cifras del año pasado. Los agentes de la autoridad pusieron 363 multas que les costaron a los ciudadanos 221.000 euros. En 2022 los números fueron inferiores: 338 y 203.000 euros respectivamente. Estos datos confirman la tendencia que ya avanzaron a finales del año pasado la Policía Nacional y la Guardia Civil, que alertaron de que el número de armas requisadas estaba en aumento. Esta infracción está castigada con multas de hasta 30.000 euros.

Los explosivos también son considerados armas. No obstante, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aclaran que en este último apartado de la Ley de Seguridad Ciudadana, recogido en el artículo 37.12, se engloban aquellas intervenciones realizadas en los prolegómenos de algunos partidos de fútbol, donde se han encendido bengalas y también se ha incautado numeroso material pirotécnico.

Eso es, sin embargo, lo menos peligroso que portan algunas personas que acuden a los recintos deportivos a crear problemas. 

Si la utilización de armas y objetos prohibidos en los prolegómenos de encuentros de fútbol preocupa a los cuerpos policiales, inquieta aún más lo que han encontrado a lo largo de los últimos meses los agentes de la Policía Local en redadas en bares y locales de ocio. Los operativos se han incrementado desde el final de la pandemia al dispararse también las agresiones y peleas en zonas de copas. Y la estadística, con ese incremento total de más del 20%, refleja lo hallado en las diferentes intervenciones.

Por provincias, Burgos fue la segunda donde más sanciones se impusieron, solo por detrás de Valladolid, donde se abrieron más de 4.000 expedientes.