La Inspección de Trabajo ha realizado cerca de un millar de visitas en Miranda entre enero y octubre de este año, lo que supone una bajada considerable con respecto al mismo periodo del curso anterior, cuando se superaron las 1.270 actuaciones. Ahora bien, comparando los diez primeros meses de ambos ejercicios, en 2023 han crecido tanto el número de infracciones como la recaudación, ya que se han detectado 84 faltas y se han ingresado más de 180.000 euros, mientras que en 2022 fueron 75 expedientes con sanciones por valor de 161.000 euros. Asimismo, el personal del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz también ha solicitado 239 requerimientos, una cifra inferior a la del año previo, con 319.
Ante semejantes estadísticas, desde Comisiones Obreras alertan del «elevado número de incumplimientos» que se observa en las empresas mirandesas, pues en torno al 25% de las visitas de la Inspección se salda con un requerimiento y más del 8% genera una infracción. La secretaria comarcal del sindicato, María Ruiz, explica que los casos que suelen tratar «se deben a incumplimientos en materias muy básicas». Según relata, resulta habitual que ocurran porque «no se facilita la formación en prevención de riesgos laborales a los trabajadores» o «por no tener al día la maquinaria», por ejemplo.
En este sentido, Ruiz recuerda que «todas las empresas están obligadas a tener una evaluación de riesgos laborales y a cumplir con ella», pero «normalmente» cuando la Inspección de Trabajo abre un requerimiento e incluso impone una multa «es porque están incumpliendo con sus propias evaluaciones» o por «no corregir algún problema que se detectó» en anteriores visitas.
Pero, ¿cómo repara la Inspección en las compañías de la ciudad del Ebro? Ruiz aclara que el organismo público «hace sus propios programas y ahí captan la problemática de las empresas», aunque reconoce que «también es cierto que los delegados sindicales cada vez se acercan más a la Inspección cuando ven que sus solicitudes no se corrigen, porque es el único camino que les queda».
En cambio, rara vez es el propio empleado afectado quien se dirige al Ministerio. Sobre ello, la secretaria de CCOO apunta que «hay menos trabajadores que vayan a título individual, hay más miedo porque siempre hay un señalamiento». De ahí que, «normalmente, los delegados de prevención canalizan estos casos en la inspección o incluso terminan en los tribunales».