Los servicios se están prestando con normalidad pero no es lo mismo que estén regulados por un contrato a que se haya caducado y se tengan que abonar mediante reconocimientos extrajudiciales de créditos. En el primer caso se tramitan las facturas mes a mes y se abonan de manera más rápida mientras que en el segundo deben pasar por numerosos trámites para que tengan el mismo efecto. Ello repercute en las empresas o las asociaciones que los prestan al cobrar más tarde y también en las arcas públicas al tener que abonar intereses por esos retrasos si hay reclamaciones judiciales.
El Ayuntamiento tiene caducados más de treintena de contratos, algunos desde hace varios años y otros de manera más reciente, por los que de enero a diciembre de 2024 se ha pagado cerca de 17 millones por esta vía, en concreto 16.892.006 euros. La concejala del PSOE Dolores Ovejero les ha ido recopilando tras comprobar las actas de las juntas de gobierno. Algunos de los servicios se han logrado adjudicar a final de año, de modo que se prevé que la situación pueda mejorar en los próximos meses y en otros casos se trabaja en los pliegos de condiciones para poder sacar los concursos.
La peor situación se vive en la Gerencia de Servicios Sociales al afectar a prestaciones de gran importancia como el servicio de formación y empleo (SEFE) para las personas más desfavorecidas, que presta la Fundación Lesmes; el servicio de urgencia social (SUS) que atiende en el horario en el que no pueden hacerlo los servicios sociales y que gestiona la misma institución desde 2011. Desde agosto de 2019 está caducado el contrato con la Fundación Lesmes para la gestión del programa dual de realojos de personas que viven en chabolas o infraviviendas, al igual que la del centro de integración social (Ceis).
También se han tenido que abonar con reconocimientos extrajudiciales de créditos servicios como el 010 de información y atención ciudadana, caducado desde 2021 aunque este concurso está a punto de resolverse, así como la explotación de la ORA caducada desde junio de 2023, que se ha convocado el nuevo este año y está adjudicado, pero una de las empresas ha recurrido ante el Tribunal de Recursos Contractuales (Tarcyl). La caducidad también alcanza al servicio de comida a domicilio, al de parques y jardines (hay propuesta de adjudicación), conservación de bancos de madera o los programas de envejecimiento activo. Preocupa especialmente el de los centros cívicos que concluyó el 8 de noviembre y no se han elaborado los pliegos. Tampoco se ha sacado el nuevo concurso de reparación y mantenimiento de los autobuses urbanos o el de los extintores.