Después de tres años de pelea, primero en vía administrativa y finalmente en los tribunales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Burgos ha dado la razón a una burgalesa que ya en enero de 2022 reclamó al Ayuntamiento una indemnización por las lesiones sufridas por una caída en la avenida del Cid (frente al solar del antiguo Hospital General Yagüe), que achacaba a la mala conservación del espacio público.

La tardanza en resolver este asunto ha provocado que el Ayuntamiento vaya a tener que realizar un desembolso de 20.831 euros por la caída y de otros más de 4.000 por la actualización del IPC y los intereses de demora. En total, la indemnización ascenderá a 25.388 euros.

No es la primera vez ni será la última en la que el Ayuntamiento capitalino tiene que indemnizar a un ciudadano al tenerse que hacer responsable del mal estado de conservación de una calle. Eso sí, en pocas ocasiones la compensación alcanza una cifra tan elevada. La explicación se encuentra en la gravedad de las lesiones.

El Ayuntamiento, no obstante, se hará cargo únicamente del pago de mil euros, ya que el resto, según defienden en la Concejalía de Patrimonio, deberá ser abonado por la compañía de seguros.

Titularidad estatal. Por otro lado, y dentro también del ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, el Ayuntamiento se ha encontrado con varios escritos en los que al menos tres ciudadanos le exigen compensaciones económicas por los daños sufridos en vehículos que circulaban por el acceso a la calle La Bureba, en el polígono de Burgos Este.

En estos casos, en los que las facturas que se pasaban no eran muy elevadas, ya que no llegaban a los mil euros, los técnicos municipales reconocían que el firme se encontraba en mal estado y era el causante de los daños originados a los vehículos. Eso sí, el Ayuntamiento lo que les ha dicho también a los afectados es que ese acceso pertenece a la BU-30 y su titular es el Ministerio de Transportes.

Dicho de otra manera, cualquier reclamación se debe cursar a la Administración del Estado, ya que la ciudad no tiene en ese punto ninguna responsabilidad.

Lo que sí se han admitido por parte del Ayuntamiento son las pequeñas reclamaciones (de menos de 100 euros) de dos ciudadanas por el desgarro que ha provocado en sus abrigos el mal estado de los bolardos ubicados en la plaza Alonso Martínez.