Castilla y León verbalizó ayer en Bruselas su oposición al actual estatus de protección del lobo, exigió el retorno de la gestión a las comunidades autónomas, y demandó una mayor flexibilidad de su régimen jurídico europeo. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones fue el encargado de exponer ante el foro 'Coexistencia de ganadería y grandes carnívoros en Europa' del Comité Europeo de las Regiones, la postura de la Junta ante la problemática relación entre el cánido y la ganadería extensiva en la Comunidad. Allí trasladó su crítica a la «sobreprotección» del lobo por parte del Gobierno y confió en que el nuevo Ejecutivo central que salga de las elecciones generales del próximo 23 de julio cambie estas políticas ahora que hay un «viento» a favor en las instituciones comunitarias para flexibilizar el régimen de protección de algunas especies. 

El consejero reclamó que el nuevo Gobierno no haga política desde los despachos, sino desde el territorio y para el territorio, y conozca la realidad del medio rural, con el fin de recuperar la situación previa en España, donde recordó la población del lobo se controlaba al norte del Duero mediante una caza «regulada» por las comunidades y «responsable», hasta que se prohibió al extenderse la protección de la Directiva Hábitats que imperaba hasta entonces al sur del Duero. Al respecto, Suárez-Quiñones expuso que el problema de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias y Cantabria, es «más grave» que en el resto de países europeos. Esto, recordó, supuso en 2022 un aumento del 20 por ciento de los ataques y 5.000 cabezas de ganado muertas. «No hay paz sin Justicia, y en la actual situación no la hay ni para los ganaderos ni para el mundo rural».

La posición de la Junta de Castilla y León que difiere de forma radical de la adoptada por el Gobierno de España, que es contraria a la defendida tanto por estas comunidades como por Rumanía y muchos países de la Unión Europea que respaldaron la idea en el Consejo de Agricultura los pasados 26 y 27 de junio de 2023 de estudiar la flexibilización de la Directiva Hábitats sobre el régimen jurídico de los grandes carnívoros, como el lobo.

El responsable de Medio Ambiente autonómico arremetió contra las acciones del Gobierno de España, que se opone a buscar la flexibilización del régimen de protección del lobo de la Directiva Europea Hábitats, y ha endurecido las medidas de protección en España retirando a las comunidades autónomas las competencias de gestión de la especie, lo que ha provocado un aumento significativo de los ataques a la ganadería extensiva y semi-extensiva en la Comunidad en 2022, llegando a 5.000 cabezas de ganado muertas, un 20% más que el año anterior, informa Ical.

Total desacuerdo

Suárez-Quiñones señaló durante su exposición que Castilla y León y las regiones del noroeste español, que tienen en su territorio el 98 % de la población del lobo de España, y más lobos que muchos países de la UE, comparten íntegramente la posición de Rumanía. Y también el Parlamento Europeo en la Resolución de 24 de noviembre de 2022, que en una posición histórica pidió a la Comisión y a los Estados, entre otras muchas medidas, el estudio la flexibilización de la normativa europea para reducir el conflicto y los daños en la ganadería extensiva por los grandes carnívoros.

También el 25 de noviembre de 2022 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von ver Leyen, encargó a los servicios de la Comisión Europea un análisis en profundidad sobre el aumento de las poblaciones de grandes carnívoros en algunas regiones de la Unión Europea y la problemática de los daños a la cabaña ganadera, sostuvo Suárez-Quiñones.

Por ello, el consejero expuso el «total desacuerdo» de la Junta y otras comunidades con la postura del Gobierno de España, por lo que defendió que las comunidades recuperen al norte del Duero la gestión del lobo para buscar ese «equilibrio» con esta especie y la ganadería, para posteriormente, impulsar un debate sobre la reforma de la directiva europea. «Trabajamos y trabajaremos por ponernos, como país, al lado de estados miembros como Rumanía y una lista larga de ellos que defiende que, después de 30 años de directiva hábitats, en buena lógica, la situación de hecho es necesariamente distinta».