Un año después del grave incendio que asoló parte del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, José Ángel de Juan Olalla ha dejado la Alcaldía de Hacinas, pero sigue imputado por su actuación como regidor de la localidad durante aquella aciaga tarde del 24 de julio de 2022. La Guardia Civil le detuvo como presunto autor de un delito de desobediencia grave a la autoridad por «el incumplimiento de la orden de evacuación» de la localidad y el Juzgado de Salas de los Infantes ha acordado su procesamiento, por lo que si no prospera su recurso de apelación ante de la Audiencia Provincial de Burgos, acabará sentado en el banquillo.
De Juan se enfrentaría entonces a una multa económica y a varios años de inhabilitación para cargo público. Su abogado reclama que se revoque el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y se sobresea la causa, por entender que no ha existido delito. El ya exalcalde de Hacinas ha defendido desde el principio que no tenía ningún sentido evacuar a los residentes en Hacinas a Huerta de Rey, a 21 kilómetros de distancia.De hecho, algunos tuvieron que darse la vuelta porque en aquella localidad no había nadie para atenderles y acabaron durmiendo en el polideportivo de Salas de los Infantes.
Según la explicación oficial, con su detención se buscó «garantizar la vida e integridad física del propio alcalde, así como de todos los vecinos y personas presentes en la localidad de Hacinas, y también de los propios agentes actuantes». Así consta en la respuesta del Gobierno central a los senadores Javier Lacalle yCristina Ayala, que preguntaron en agosto por la situación de De Juan.
Fue el delegado de la Junta como responsable del dispositivo organizado por el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), quien «ordenó como medida preventiva la evacuación de la población de la localidad de Hacinas, ante la magnitud del incendio» a las 20.30 horas. Dos guardias civiles acudieron a Hacinas a comunicar la decisión al alcalde, que no estaba en ese puesto de mando. «El referido alcalde les comunicó que una orden de tal gravedad y trascendencia debía transmitirse por escrito, procediendo entonces los agentes actuantes a reiterar la orden recibida desde el CECOPI relativa a la evacuación, así como a informar claramente de la obligatoriedad del cumplimiento urgente de esta ante la gravedad de la situación y que, de continuar negándose, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad», detalla la respuesta a los entonces senadores.
A las 20.45 horas, se lo llevaron detenido, «y esposado», añade De Juan, al puesto de Salas de los Infantes, donde permaneció tres horas. «En todo momento, la fuerza actuante cumplió escrupulosamente lo preceptuado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y resto de normativa vigente, siendo el detenido informado de inmediato de sus derechos, y asistido a las dos horas de su detención por un abogado designado por él mismo, dándosele en todo momento un trato correcto y educado», recalca la explicación oficial.
Al día siguiente, en el polideportivo de Salas de los Infantes y mientras desayunaban los vecinos de las localidades evacuadas durante la noche anterior, el entonces alcalde de Hacinas tuvo oportunidad de trasladar su malestar al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en presencia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Alfonso Martín. Desde entonces, y salvo la pregunta oficial de Ayala y Lacalle, José Ángel de Juan asegura que nadie en elPartido Popular se ha interesado por su situación, ni tampoco le han brindado apoyo legal.