La filtración, ayer, de un documento del Ministerio de Sanidad en el que se considera «viable» liquidar en nueve meses el modelo de asistencia sanitaria a los funcionarios mediante aseguradoras -el denominado 'modelo Muface'- agravó la preocupación por este tema de responsables y gestores en distintos niveles de Sacyl, quienes fueron unánimes al afirmar ayer que esta medida «rematará al Sistema Nacional de Salud».

Primero, por el impacto económico, que solo en Burgos y tomando como referencia únicamente a los 10.921 empleados públicos mutualistas de Muface (luego habría que añadir a los de Mugeju y a los de Isfas), obligará a invertir más de 13 millones de euros en la asistencia.

Y, segundo, porque la absorción de estos miles de pacientes se solapa con el principal problema de la sanidad pública en Burgos: la falta de personal, sobre todo médicos, en sus tres hospitales públicos.

El trasvase a la sanidad pública de los miles de funcionarios que acudían desde hace décadas a la sanidad privada por el acuerdo del Gobierno de España con las principales compañías aseguradoras es una amenaza real desde el momento en el que la licitación para renovar el convenio con Muface, la compañía mayoritaria entre los empleados públicos, ha quedado desierto. Las aseguradoras consideraron insuficiente desde el principio el incremento del 17% al importe medio de cada póliza, lo cual elevaba de 1.032 a 1.208 euros el pago anual por cada asegurado, por lo que no se presentó ninguna a la licitación. Así, el convenio actual finaliza el 31 de diciembre y, de no haber prórroga, la sanidad pública debe hacerse cargo de estos pacientes, 10.921 en Burgos, desde el 1 de enero del 2025. Y eso, a nadie se le escapa, tiene un impacto directo en la Gerencia Regional de Salud y en sus centros sanitarios.

El económico es obvio y, en Burgos, conlleva una incremento de la inversión en la asistencia sanitaria de 13,1 millones «como mínimo». La puntualización se debe a que esta estimación se basa en el importe medio que el Gobierno de España calculó por cada asegurado (1.208 euros), pero que Castilla y León supera: la inversión media por cada asegurado de Sacyl ya es de 2.100 euros. Por lo que, en realidad, la atención de los funcionarios de Muface costará más de 13 millones.

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